Solo existen tres albergues que permiten mascotas en el Condado y uno de ellos no es para familias. Todos tienen espacio limitado, de acuerdo con una vocera del Fideicomiso (Homeless Trust).
Torres y su equipo de trabajadores se encargan de procesar los casos en todo el Condado de personas que empiezan a recibir asistencia tras quedarse en la calle, y los llevan a albergues o les proveen otros servicios por medio del Fideicomiso. Torres dijo que en el último año fiscal, ha notado un aumento de las familias que se quedan en la calle. Los albergues están llenos y el dinero para acomodar a familias en algunos moteles, mientras consiguen un hogar, ya se está agotando.
El miércoles, cuando un equipo de la oficina de Torres recibió una llamada en la noche pidiendo asistencia para las Mederos, ya habían ayudado a una mujer y sus siete hijos menores, que fueron desalojados de un apartamento en Homestead. En un día muy ocupado asisten hasta de cinco a siete familias.
De acuerdo con información del Fideicomiso, hubo un aumento del 16 por ciento del 2015 al 2016, entre las familias que entraron al sistema de asistencia a los desamparado. Unas 923 familias fueron asistidas en el 2014. En el 2015 ayudaron a 1,093.
Apenas en el primer trimestre de este año, más de 488 familias ya habían contactado a las línea de ayuda del Fideicomiso para pedir asistencia, de acuerdo con un memorando de esa organización enviado a el Nuevo Herald.
Y esas cifras no incluyen a Modesta, Erika y Zurama Mederos, ya que la definición solo abarca a familias con miembros menores de 18 años.
“Se hacen excepciones en casos como el de ellas, porque hay una señora de 83 años que se va a quedar la noche en la calle y también están los animalitos”, explicó Torres. “No estamos dispuestos a dejar a ninguna familia en la calle... Pero es un reto”.
Ellas podrían recibir pronto asistencia mediante el programa Housing Assistance Network of Dade (HAND), que ayuda con fondos para pagar hasta tres meses de renta y depósito a personas desamparadas que califiquen.
En estos momentos 62 familias se encuentran alojadas en moteles, dijo Torres. El servicio está costando unos $120,000 mensuales y solo hay dinero para pagar el mes de julio, dijo Torres.
En medio de la precariedad, los trabajadores tienen el reto extra de asegurarse de que las personas no están tratando de aprovecharse del sistema de alquiler de habitaciones.
\"Algunas personas no están en la calle, sino que se están quedando con familiares o amigos que pueden tenderle la mano, pero como saben que alquilamos un hotel llaman y nos dicen que están en la calle”, contó Torres.
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Un segundo auge inmobiliario y un resurgente mercado de contrataciones no han tenido un efecto sobre el problema de la pobreza de Miami-Dade, ni han permitido que los ingresos locales vuelvan a ganar el terreno que perdieron durante la recesión, según un nuevo estudio.
El informe del Metropolitan Center de la Florida International University (FIU) ofrece el más reciente análisis detallado del área de Miami como una en que las circunstancias favorecen a los muy ricos y hacen muy difícil que los pobres escapen de su grupo económico.
El nivel de pobreza de Miami-Dade en el 2014 igualó el que había en el 2010, en un momento cuando la tasa local de desempleo llegó a un 10 por ciento y los valores de los bienes raíces aún se hundían después de una histórica caída financiera de la vivienda. Eso a pesar de los niveles récord de contrataciones y el menor desempleo en ocho años.
“En total tenemos más empleados en Miami-Dade que nunca antes”, dijo Kevin Greiner, uno de los autores del estudio. “Pero desde la recesión, no han regresado muchos de los buenos trabajos con un salario de ingresos medios. Y se han sustituido con trabajos con una paga de los de ingresos bajos”.
Entre los hallazgos del estudio de FIU:
Gladeview es el vecindario más afectado en el Condado Miami-Dade. El aislado vecindario de unas 12,000 personas, enmarcado entre las áreas miamenses de Brownsville y West Little River, obtuvo puntuaciones pobres en una serie de medidas económicas creadas por el Metropolitan Center. Terminó casi en primer lugar en términos de residentes sin un título de Escuela Secundaria (17 por ciento), población bajo la línea de pobreza (45 por ciento), niños en la pobreza (20 por ciento) y desempleo (27 por ciento).
El condado de Miami-Dade tiene uno de los mercados menos asequibles de vivienda en todo el país. Las personas se consideran “golpeadas por los costos” de la vivienda cuando más del 30 por ciento de sus ingresos van hacia un lugar en qué vivir. Según esa medida, Miami-Dade tiene el tercer mercado más golpeado por el costo de la vivienda en el país. En Miami, se considera que el 51 por ciento de las viviendas afectan el presupuesto familiar. El problema es mucho mayor entre los que rentan (62 por ciento golpeados por los costos) que entre los dueños (43 por ciento).
Después del ajuste por la inflación, el residente típico en Miami-Dade gana menos que a comienzos de siglo. En el 2014, el ingreso del residente medio del condado era de $42,026. Eso es un 12 por ciento menos que en el 2000, cuando se mide en los dólares de hoy en día. Y aunque ha sido una tendencia nacional que la inflación sobrepase los aumentos del ingreso, el informe de FIU menciona que la situación es peor en Miami-Dade.
Por cada dólar que gana el 20 por ciento de menor ingreso en Miami-Dade, un 5 por ciento de los de mayor ingreso gana $40. Esa brecha de 40 a 1 está muy por encima del promedio nacional de 29 a 1. Incluso cuando Miami-Dade terminó bien abajo en la lista de las comunidades más desiguales del país, con Manhattan en el número uno con una proporción de 88 a 1. En la Florida, sólo terminó más alta la brecha de 48 a 1 del condado Alachua, donde se encuentra Gainsville.
La pobreza se mantiene tan alta como era a finales de la recesión nacional 2007-2009. En el 2010, el índice de pobreza de Miami-Dade llegó a un 20.4 por ciento. Esa era la parte de los residentes que vivían en la pobreza, que para una familia de cuatro se define como el tener ingresos menores a $25,000 anuales. En el 2014, el índice de pobreza de Miami-Dade se mantuvo en un 20.4 por ciento.
El informe amplía lo que los analistas ven como una división entre amplias recuperaciones y cómo los consumidores ven sus circunstancias personales. A finales del 2015, Miami-Dade tuvo un récord de 1.14 millones de empleos que no eran agrícolas, y los valores de la vivienda medidos por el índice Case-Shiller estaban un 18 por ciento por encima de hace cinco años (pero todavía un 25 por ciento por debajo de su máximo en el 2007).
“Se puede decir que la economía se fortalece y se hace mejor”, dijo Robert Cruz, el ex principal economista en el Condado Miami-Dade, quien actualmente ocupa el mismo puesto en Florida TaxWatch. “Pero esto no se siente a nivel de núcleo familiar. Y por una buena razón. La mayoría de las áreas urbanas ven una disminución de la clase media”.
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Cuando la monitora electoral Mónica Hidalgo se presentó el 20 de noviembre para vigilar las elecciones de la junta directiva del condominio Los Sueños, muchos propietarios suspiraron aliviados.
Creyeron que se les había cumplido el deseo de que una persona asignada por el departamento estatal que regula los condominios, conocido como DBPR, supervisara las polémicas elecciones de ese reparto de Hialeah.
La presencia de Hidalgo fue celebrada tanto por miembros de la junta que buscaban la reelección, como por los candidatos del bando contrario. Según sus testimonios, los dos grupos habían recogido firmas para solicitar la presencia de un monitor que garantizara la transparencia del proceso y lo reportara al estado.
“Nosotros la mandamos a pedir, sí, cómo que no, recogimos las firmas para eso”, dijo Arelys López, la presidenta de la asociación de propietarios.
Pero lo que López y los demás asistentes a la elección no sabían es que Hidalgo no es una monitora nombrada por la oficina del defensor de condominios de la Florida.
De hecho, desde el 2010, esa oficina dejó de asignar a Hidalgo como monitora, tras acusarla de “ignorar de manera flagrante” las instrucciones que le prohibían la delegación de responsabilidades, por mentir sobre su presencia en una reunión y otras irregularidades.
En una carta fechada el 31 de marzo del 2010, la entonces defensora estatal de condominios, Colleen Donahue, concluyó: ¨Sus acciones, falta de juicio, y desinterés por el deber ... han socavado la confianza que se le ha otorgado y afectan negativamente el programa de monitores administrado por esta oficina. Su carnet de monitora fue revocado”.
Y en el 2012, ante la queja de al menos un propietario, el defensor estatal de los condominios le exigió a Hidalgo dejar de promocionarse como monitora asignada o certificada por el estado, y le advirtió que eso constituía fraude al consumidor.
En una entrevista con el Nuevo Herald y Univisión 23 la semana pasada, Hidalgo aseguró que ella no se presenta como una monitora nombrada por el estado.
“Yo nunca digo que soy certificada, yo siempre digo que fui certificada. Palabritas cortas que en cualquier corte son específicas y fuertes”, precisó Hidalgo, quien tiene una compañía privada de supervisión de elecciones de condominios y cooperativas, llamada Luminary LLC. “Y nunca me presento como que el DBPR me manda. Si alguien dice que yo voy (enviada por el estado), eso es cuestión de esa persona, pero jamás sale de mi boca”.
Sin embargo, varios propietarios han dicho que no hay una indicación clara sobre sí un monitor viene representando al estado o fue contratado de manera privada por la junta directiva de la asociación. Las discrepancias muestran la falta de regulaciones sobre los monitores electorales. Estos no son empleados directos del estado y no cuentan con ninguna credencial, licencia o certificación que los identifique.
Para que el defensor estatal, comúnmente llamado ombudsman, asigne a un monitor electoral, debe recibir una petición de los propietarios del condominio, que incluya el 15 por ciento de las firmas de los dueños.
Hidalgo dijo que para las elecciones de Los Sueños ella fue contactada directamente por Sunshine Management Services, la empresa que administra el condominio. Hidalgo indicó además que quien siempre paga por sus servicios es la asociación de propietarios.
Pero representantes de Sunshine aseguraron a el Nuevo Herald y Univisión 23 que entendían que Hidalgo representaba la ley, ya que había sido asignada por el estado y se trataba de un agente neutral. Indicaron, además, que Hidalgo había aceptado el uso de affidavits notarizados como garantía de la validez de los votos, en un sistema diseñado por la empresa para combatir el fraude electoral.
La relacionista pública de Sunshine, Helena Poleo, dijo después en un correo electrónico que inicialmente habían dado información sobre Hidalgo que creían que era correcta y agregó: “Es de amplio conocimiento que la señora Mónica Hidalgo ha sido certificada por el DBPR para realizar elecciones y tiene una compañía totalmente legal para estos fines. Mónica Hidalgo ha sido enviada por el DBPR en el pasado para monitorear elecciones en muchas asociaciones. Es de nuestro conocimiento que su certificación sigue vigente”.
Pero una vocera del DBPR reiteró que Hidalgo hace referencia a una certificación “que no existe en la actualidad. En esencia, la señora Hidalgo ha creado un título inexistente”.
En su correo electrónico, Poleo dijo también que los periodistas “han decidido enfocarse en tecnicismos”, aunque no aclaró si el tecnicismo al que se refiere es la notarización irregular de affidavits , o el hecho de que Hidalgo no es una monitora enviada por el estado.
Una investigación periodística reveló irregularidades en los affidavits implementados por Sunshine. Varios votantes en los condominios de Los Sueños y The Beach Club at Fontainebleau Park aseguraron que no firmaron el documento frente a la notaria Carmen Aslan, cuyo cuño y firma aparece en las más de 230 declaraciones juradas.
En las elecciones de algunos condominios se falsifican firmas y se emplean otros métodos turbios para afectar los resultados. Por eso, algunos miembros de las juntas directivas y otros propietarios prefieren solicitar los servicios de un monitor para garantizar que se cumplan los reglamentos estatales.
Los monitores nombrados por el defensor de condominios deben enviar al DBPR un reporte sobre el proceso y los resultados de cada elección, mientras que los monitores privados, como Hidalgo, no tienen ese requisito y solamente le entregan el reporte a quien los contrata.
Roxana Domínguez, la empleada de Sunshine que administra Los Sueños, dijo que ella trabajó junto a la junta directiva en la recolección de firmas para pedir la presencia de un monitor. Luego de que tuvieron la cantidad necesaria de firmas, Domínguez dijo que redactó la petición y llevó los documentos a las oficinas de Sunshine en Miami Lakes para que se encargaran de hacer el pedido al estado.
Sin embargo, la oficina del ombudsman confirmó a el Nuevo Herald y Univisión 23 que nunca recibió una petición de parte de Sunshine para asignar una monitora en los comicios de Los Sueños.
En su correo electrónico, Poleo dijo que aunque en el 2014 se habían recogido suficientes firmas para solicitar al estado la presencia de un monitor en los comicios de Los Sueños de ese año, en el 2015 no se alcanzó el porcentaje necesario para hacer la petición.
“Y la junta directiva tomó la decisión de contratar a la compañía de Mónica Hidalgo, la cual está legalmente establecida para este proceso”, escribió.
Esa versión discrepa de las declaraciones de la presidenta de la junta, Arelys López, y de Domínguez, la empleada de Sunshine, quienes dijeron a tres reporteros que recogieron las firmas necesarias para pedir un monitor en el 2015. Todavía la semana pasada, cuando hablaron con los reporteros, ambas dijeron estar convencidas de que Hidalgo había sido nombrada por el DBPR.
No es la primera vez que eso pasa.
En agosto del 2012, el ombudsman Bruce A. Campbell envió una carta a Hidalgo indicándole que debía dejar de representar su negocio con mensajes que digan “que ha sido calificada o nombrada por la oficina del defensor de condominios”.
Campbell hizo la advertencia a Hidalgo luego de que en junio de ese año la propietaria de un apartamento en el condominio Doral Oaks, en la ciudad de Doral, envió una queja en la que aseguraba que Hidalgo fue presentada en las elecciones de su reparto “como una representante de la oficina del ombudsman”.
Dos meses más tarde Hidalgo les dijo a los miembros de la junta de ese condominio que tenía credenciales de “monitora de Elecciones Certificada por el Estado”, de acuerdo con la carta.
“A mí no me preocupa que usted tenga un negocio privado para conducir elecciones, pero usted debe dejar de promocionar que está relacionada con la oficina del Ombudsman... o sugerir haciendo referencia a que es un monitor electoral certificado por el estado de la Florida”, escribió Campbell. “Obtener trabajo basado en ese tipo de representación constituye fraude al consumidor”.
Hidalgo, sin embargo, insistió la semana pasada en que ella puede continuar presentándose como una monitora certificada por el estado, tal y como aún lo indica su tarjeta de presentación. Explicó que en el 2009 recibió un documento de certificación, tras pagar y tomar clases en el Broward College.
“Eso es como cualquier otra profesión”, dijo Hidalgo. “Yo pagué mi educación, cogí mis títulos ¿y quién me los va a quitar? Nadie”.
Hidalgo envió a el Nuevo Herald una copia del documento, que indica que ella está “debidamente designada” como monitora electoral, conforme con las provisiones de los estatutos de la ley de Florida que regula los condominios. El documento fue emitido el 1 de enero del 2009 y no incluye una fecha de expiración.
En un correo electrónico enviado el miércoles, Chelsea Eagles, vocera de DBPR dijo que actualmente la oficina del ombudsman no certifica a monitores electorales. En el pasado esa entidad emitía carnets y certificados pero dejó de hacerlo luego de que muchos monitores usaran los documentos de manera incorrecta, al presentarlos en elecciones a las que no eran enviados por el ombudsman.
Cuando Hidalgo recibió su certificado, en el 2009, la encargada de la oficina del Ombudsman era Colleen Donahue. En marzo del 2010, tras irregularidades denunciadas por representantes de dos condominios, Donahue informó a Hidalgo que ya no sería nombrada como monitora estatal.
“El carnet de identificación que le otorgó esta oficina queda revocado y debe entregármelo inmediatamente”, le escribió Donahue.
Las irregularidades fueron registradas en enero del 2010, cuando el administrador de un reparto en Hollywood dijo en una carta enviada a la división de condominios que el 19 de ese mes, Hidalgo se presentó en las elecciones de la junta con el carnet de identificación estatal, aunque la asociación no había pedido la presencia de un monitor.
“Esta empleada no se comportó como un observador imparcial sino que, por el contrario, les hizo saber a todos los propietarios presentes que ella estaba de parte de un candidato”, escribió el administrador, de acuerdo con una copia de la carta obtenida tras un pedido de registros públicos. “Ella hizo todos los esfuerzos posibles para encontrar problemas e irregularidades en la manera en que llevamos a cabo nuestra elección”.
Ese mismo día, de acuerdo con la carta de Donahue, Hidalgo debía monitorear las elecciones de otro condominio, al que sí había sido asignada por el estado. En lugar de acudir a esa elección Hidalgo envió como representante a una persona que ni siquiera figuraba en la lista de monitores asignados por el estado, de acuerdo con el comunicado de Donahue.
La carta indica que Hidalgo negó haber estado presente en la elección del condominio para la que no fue asignada, pero se contradijo en una conversación telefónica con Donahue. “Varias veces durante la conversación usted dijo que estuvo presente en esa elección”, escribió Donahue.
En la entrevista con el Nuevo Herald y Univisión 23, Hidalgo culpó al DBPR de las irregularidades relacionadas con sus quejas. Explicó que en ocasiones la oficina del ombudsman la había asignado a trabajar en varias elecciones pautadas para la misma hora, y recibía instrucciones de enviar un representante a monitorear.
Hidalgo dijo que siempre ha conducido las elecciones de forma neutral, siguiendo los reglamentos estatales, y que se mantiene al tanto de cualquier cambio en las leyes.
“Yo soy reconocida y elogiada por mi trabajo ... ni siquiera tengo que darme publicidad”, dijo Hidalgo. “Yo fui la mejor monitora que el DBPR tuvo y sigo siendo la mejor monitora del estado de la Florida”.
La reportera Erika Carrillo de Univisión 23 contribuyó a esta historia.
Siga a Enrique Flor y Brenda Medina en Twitter: @kikeflor y @BrendaMedinar
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Decenas de residentes de un condominio en Doral protestaron el miércoles exigiendo la renuncia de la junta directiva y de la compañía Sunshine Management Services, que administra ese populoso complejo residencial.
A la manifestación realizada en Las Vistas del Doral se unieron residentes de otros dos condominios de Miami-Dade administrados por Sunshine.
“Aquí los vecinos estamos encontrando que en las elecciones para elegir a la junta directiva se falsificaron votos al igual que se ha demostrado en otros condominios”, dijo William Mendieta, uno de los manifestantes. “El mismo sistema fraudulento que hemos descubierto aquí se repite en otros condominios que Sunshine administra en Miami-Dade”
La protesta de Las Vistas de Doral es la tercera manifestación pública en Miami-Dade desde que una serie de el Nuevo Herald y Univisión 23 revelara diversas irregularidades en condominios del condado.
Mendieta dijo que propietarios de Las Vistas han descubierto que sus firmas fueron falsificadas en las elecciones realizadas en junio del año pasado. En ese proceso fueron reelectos la presidenta María Cancio, el tesorero Yosvani Martínez y el secretario Jowel Becerra.
Cuatro meses después, esa junta que conduce Las Vistas desde el 2012 aprobó el pago de una millonaria cuota especial para realizar reparaciones en los 18 edificios del condominio de 969 apartamentos. Los principales daños se concentran en los balcones de los edificios.
Según Mendieta, la mayoría de propietarios no fueron informados de las elecciones y tras un proceso de indagación iniciado en febrero han detectado la falsificación de firmas de al menos seis dueños, entre ellos un inversionista que posee 15 apartamentos.
Mendieta detalló que la firma del inversionista fue falsificada al menos en 14 oportunidades para la pasada elección. La identidad del inversionista no fue revelada y solo se indicó que actualmente se encontraba de viaje de negocios en California.
De acuerdo con documentos de ese condominio, los tres miembros de la directiva fueron electos con al menos 255 votos cada uno. Un cuarto postulante apenas obtuvo seis votos.
Al respecto Mendieta sostuvo que la mayoría de propietarios nunca fueron informados del proceso electoral y a pesar de ello “se falsificaron votos”.
Otro de los manifestantes, Fabio Peñaloza, dijo que en octubre del 2015 la junta directiva impuso el pago de una cuota especial de $4.4 millones para realizar la reparación de los edificios.
“El esquema de fraude que hemos descubierto es indignante”, dijo Peñaloza. “El fraude incluye la falsificación de firmas para elegir a gente que permite el deterioro de la propiedad para luego imponer los special assessments y contratar reparaciones con empresas allegadas a la compañía de administración”.
Los propietarios también alegan que se les ha negado el acceso a la información financiera del condominio. Un grupo de ellos hizo un pedido de información en octubre para obtener registros sobre las propuestas presentadas en la licitación y una copia del contrato, si existe alguno, con la compañía que está realizando los trabajos. Pero hasta ahora no han obtenido respuesta de la junta o de Sunshine, según dijeron.
El propietario Luis Cifuentes dijo que pidió acceso a esa información en enero y al no obtenerla presentó una queja ante el departamento estatal que regula los condominios (DBPR).
“Me mandaron a la compañía de administración, de ahí me mandaron a la oficina del abogado. Me dieron información irrelevante, que no responde a mis preguntas, como copias de pólizas de seguro y listas de propietarios. No me pudieron entregar los presupuestos de al menos dos años”, dijo Cifuentes. “Pero lo más importante, que es la información sobre la licitación, cuáles compañías participaron, cómo se está pagando el dinero para el special assessment, a quién se le está pagando, y cuáles son los trabajos, no me la han dado”.
Cifuentes dijo que un representante del DBPR ha insistido en pedir la misma información a Sunshine.
“Lidiar con DBPR ha sido algo frustrante. Ellos solo se han convertido en mi vocero para solicitar lo mismo que ya yo había pedido”, se quejó Cifuentes. “Yo no necesito a DBPR para que solicite información a la que yo tengo derecho, yo lo que necesito es que DBPR garantice que me entreguen esa información”.
Helena Poleo, recién contratada como vocera por Sunshine, dijo mediante un correo electrónico que la compañía ha cooperado con los propietarios.
“Sunshine Management Services siempre ha sido transparente y ha cooperado con todas las peticiones de información de parte de los dueños de condominios y DBPR y ha entregado todo lo que ha sido requerido”, dijo Poleo.
La oficina del complejo Las Vistas estaba cerrada el miércoles por la tarde. El Nuevo Herald no ha podido contactar a los miembros de la junta directiva.
Por su parte Peñaloza agregó que los propietarios de Las Vistas decidieron organizar la protesta el miércoles motivados por la iniciativa liderada por los residentes de The Beach Club at Fontainebleau Park. El pasado miércoles 23, los residentes de The Beach Club se concentraron en la puerta de acceso a ese condominio exigiendo la renuncia de sus directivos y la salida de Sunshine.
Dos días después de la protesta, los miembros de la junta directiva de The Beach Club, presentaron su renuncia. La compañía Sunshine también dejó de administrar la propiedad.
Una investigación de el Nuevo Herald y Univisión 23 documentó la falsificación de firmas de al menos 84 propietarios de apartamentos en las elecciones de noviembre del 2015.
La serie periodística también destapó que meses antes la junta directiva que entonces conducía ese condominio otorgó un contrato de $5.2 millones a una empresa de reparación de techos en una licitación en la que compitieron otras dos empresas de papel.
Las revelaciones no sólo animaron la protesta de los residentes sino la decisión del Departamento de Policía de Miami-Dade de investigar el caso. Incluso el comisionado condal Bruno Barreiro planteó crear un equipo especial para impulsar propuestas para frenar el fraude en los condominios de Miami-Dade.
Puede seguir a Enrique Flor y a Brenda Medina e: @kikeflor y @BrendaMedinar
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Tras la reciente serie de el Nuevo Herald y Univisión 23, Condos de Pesadilla, que expuso irregularidades en las elecciones y procesos de licitación para otorgar contratos millonarios en condominios del condado Miami-Dade, decenas de personas sedientas de información relacionada al tema han contactado estos medios.
Muchos desean denunciar ante la prensa sospechas de irregularidades en sus condominios, ya que, según sus testimonios, sus quejas han sido ignoradas por las autoridades. Otros no tienen claro a quién acudir con sus denuncias.
Lo cierto es que aunque en el estado de Florida hay casi 1.6 millones de apartamentos de condominios – y 38 por ciento de estos se encuentran en Miami-Dade y Broward – las regulaciones estatales son débiles y en muchos lugares el fraude es rampante.
La división del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR), que rige los condominios, recibe cientos de quejas cada año, la mayoría provenientes de condos en Miami-Dade, pero su portavoz ha dicho a el Nuevo Herald que están limitados en cuanto a los casos que pueden investigar. Por su parte, las autoridades locales, como los departamentos de policía y la fiscalía estatal, han dicho que también tienen limitaciones al intentar ejecutar las leyes de condominios y comunidades de propietarios.
Mientras tanto, los propietarios desesperados claman por soluciones.
“Lamentablemente vivimos en un área muy propensa al fraude de todo tipo y los propietarios deben estar preparados para luchar contra esto”, dijo Suzanne Hollander, abogada y profesora de temas de bienes raíces de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). “Mi consejo para los compradores de condominios es que lean todos los documentos que se les entreguen antes de comprar, para que sepan en qué se están metiendo”.
Esos documentos incluyen la declaración de condominio, información sobre como se deben conducir las elecciones de una junta directiva para la asociación de propietarios, y los llamados ‘bylaws’, que son los reglamentos que tanto la junta como los demás propietarios deben seguir.
“En muchos casos cuando consultas el capítulo 718, que es el que contiene las leyes de condominios en Florida, hay vacíos y esos vacíos tienen respuestas en los reglamentos”, dijo Hollander. “Si un propietario no sabe, por ejemplo, si un miembro de la junta directiva puede contratar una compañía para un trabajo especifico, sin licitación, y la ley de la Florida no es clara en cuanto a eso, los reglamentos de su condominio podrían aclarar el asunto”.
Para las personas que ya viven en condominios, Hollander dijo que su mejor consejo es que revisen su correspondencia y se involucren en las reuniones de propietarios.
“La ley obliga a las asociaciones de condominios a informar sobre las elecciones y reuniones, donde generalmente se discuten las decisiones importantes”, dijo Hollander. “El problema es que muchas veces un propietario viene a mi y me dice ‘yo no sabía que iban a tomar esta decisión’. Cuándo le pregunto: revisaste tu correo para ver cuando era la reunión, muchas veces la respuesta es no”.
Sin embargo, el Nuevo Herald y Univision 23 entrevistaron docenas de dueños que si se han involucrado en las asociaciones de sus condominios, participando de las reuniones y solicitando información a la junta o a las compañías administradoras de los complejos. En muchos casos estos propietarios se han quejado de que se les niega el acceso a la información sobre finanzas, reuniones, entre otras. En los casos más preocupantes, los propietarios han descubierto irregularidades como uso inapropiado de los fondos de la comunidad y falsificación de firmas para las elecciones.
Las personas a las que les hayan falsificado las firmas, o tengan sospechas de que se cometieron crímenes en los condominios, deben acudir a su departamento de policía local. Si sospechan que se violaron los reglamentos del condominio o la ley estatal que los regula, tienen la opción de presentar sus quejas ante la división de condominios del DBPR. La vocera de ese departamento, Chelsea Eagles, explicó que es más probable que las quejas sean investigadas y lleguen a algún tipo de resolución, si son presentadas con evidencias.
Por ejemplo, si un propietario sospecha que se han utilizado los fondos de reserva de manera inapropiada, éste podría solicitar copias de los registros de depósitos bancarios de la asociación y revisar la actividad financiera en dicha cuenta. Luego puede presentar su queja adjuntando esos documentos. Generalmente los propietarios también pueden solicitar acceso a los documentos relacionados con las elecciones, como los sobres de votación, que deben ser archivados por la asociación por varios años; copias de los contratos otorgados a proveedores de servicios de mantenimiento o arreglos especiales; y copias de todas las ofertas presentadas durante un proceso de licitación en su condominio.
Para presentar sus quejas puede contactar al DBPR llamando al 1-800-226-9101, o al 850-488-1122 si llama desde Florida. En persona o por correspondencia diríjase a 1940 North Monroe Street, Tallahassee. Si desea enviar correspondencia, el código postal es 32399-1031.
También puede contactar a la Oficina del Defensor de los Propietarios de condominios o Ombudsman, que tiene un despacho en el condado Broward: 1400 W Commercial Boulevard, Suite 185-P. El código postal es 33309-3791.
Los teléfonos de las oficinas del Ombudsman son 954-202-3234 y 850-922-7671.
Los formularios de quejas, en inglés y español, están disponibles en la pagina web www.myfloridalicense.com/dbpr/lsc. Puede descargarlos haciendo click aquí: http://www.myfloridalicense.com/dbpr/lsc/LSCMHCondominiumsOmbudsmanComplaint.html.
Siga a Brenda Medina en Twitter: @BrendaMedinar.
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Los miembros de la junta directiva de The Beach Club at Fontainebleau renunciaron a sus cargos y la compañía Sunshine Management Services LLC canceló sus servicios de administración de ese condominio ante las protestas de los residentes y el descubrimiento de presuntas irregularidades.
Guillermo Merique e Ivonne Andrade, dos de los tres miembros de la saliente junta, dijeron que sus renuncias, así como la del presidente Wilfredo Zayas, se harán efectivas el 1 de abril y que sus cargos serán asumidos por los tres candidatos que más votos obtuvieron –después de ellos–, en las pasadas elecciones de noviembre.
“Sentimos que se ha hecho justicia, al ver que los miembros de esa junta finalmente han renunciado”, dijo Carlos Caiñas, uno de los residentes que integrará la nueva directiva a partir del próximo mes. “Ahora tenemos un gran reto, una gran responsabilidad, por delante al asumir el manejo de este condominio de manera transparente”.
A Caiñas lo acompañan en la nueva junta los residentes Katherine Castro y Luis Alza.
Castro dijo la mañana del viernes que Merique, ex tesorero del condominio, le indicó que se acercara a la oficina de administración del condominio donde podría recoger las llaves de esa sede. Allí los logotipos de Sunshine ya habían sido retirados.
En un escueta carta, Sunshine le comunicó a los residentes que el contrato había sido cancelado de manera inmediata, precisando que ante cualquier emergencia debían acudir a los miembros de la directiva.
La compañía declinó dar más detalles sobre su decisión. “Debido a que esta situación se trata de contratos y temas legales, Sunshine tiene que consultar con sus abogados y no puede comentar más allá de eso en este momento”, explicó Helena Poleo, vocera de Sunshine Management, en un correo electrónico enviado a el Nuevo Herald.
El miércoles más de medio centenar de residentes se congregaron en la puerta de ingreso al condominio para protestar ante las presuntas irregularidades descubiertas por una investigación de el Nuevo Herald y Univisión 23.
La serie periodística reveló que las firmas de al menos 84 propietarios de apartamentos fueron falsificadas en las elecciones de noviembre pasado.
La investigación también descubrió que la junta directiva benefició con un contrato de $5.2 millones a la empresa D&T General Contracting Inc. en una licitación en la que compitió con dos empresas de papel. Durante la protesta del miércoles, al ser abordado por la prensa, el ex tesorero Merique reconoció que nunca hicieron una verificación de la información de las otras dos compañías.
Frente a las revelaciones, el Departamento de Crímenes Económicos de la policía de Miami-Dade inició una investigación e incluso el comisionado condal Bruno Barreiro planteó la creación de un equipo especial para analizar qué se puede hacer para frenar los fraudes en los condominios.
El viernes, Katherine Castro dijo que tras ingresar a la oficina del condominio recibió a David Taylor, dueño de D&T.
“Él llegó con otro miembro de su empresa y me dijeron que querían seguir haciendo los trabajos con nosotros”, dijo Castro. “Me aseguraron que trabajaban para los dueños y que no tenían ninguna relación con la junta directiva anterior. Yo les dije que los dueños están exigiendo saber lo qué está pasando con los techos [de los edificios], y saber a dónde se ha ido el dinero, saber por qué no hubo licitación”.
Castro indicó que el condominio ya ha desembolsado al menos $620,000 a D&T. Las obras de reparación de techos habían sido iniciadas para lograr obtener una recertificación de 40 años de antigüedad. Una gestión en el 2013 para obtener esa misma recertificación derivó en la elaboración de inspecciones falsas presentadas por el ingeniero Alberto Cardona.
Cardona fue sancionado por el Florida Board of Professional Engineers (FBPE), entidad que le suspendió su licencia de ingeniero por tres meses, además de sancionarlo con un periodo de probatoria de dos años, y el pago de $7,000. Ante ese escándalo, los vecinos se organizaron y vencieron en las urnas a la junta directiva que allí se mantenía por ocho años y también cancelaron el contrato con la empresa GRS Management, Inc.
Al asumir en el 2014 el grupo presidido por Wilfredo Zayas, una de sus primeras medidas fue contratar a Florida’s Property Management (FPM), compañía en la que laboraba su cuñada Roxana Domínguez.
Tras la desactivación de FPM el año pasado, su ex vicepresidente Juan Awais fundó Sunshine Management Services LLC, compañía que asumió varios contratos con condominios manejados por FPM. Sunshine mantuvo a Domínguez, como administradora asignada al condominio Los Sueños, en Hialeah, donde también se ha denunciado la falsificación de firmas de propietarios en las elecciones.
Castro dijo que la nueva junta planea designar a representantes de cada uno de los 12 edificios del condominio para promover la transparencia en esa comunidad.
“Me comprometo a que tendremos un manejo transparente”, dijo Castro. “Ahora seguiremos con la investigación de los documentos de nuestro condominio y alentamos a que las autoridades asuman un liderazgo para que prevalezca la honradez en los condominios del sur de la Florida”.
Siga a Enrique Flor y Brenda Medina en Twitter en: @kikeflor y @BrendaMedinar
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Funcionarios del condado Miami-Dade están considerando la la creación de un equipo especial para analizar y combatir los problemas de fraude en los complejos de condominios.
La iniciativa del comisionado Bruno Barreiro surge tras el pobre accionar de las autoridades frente a la avalancha de quejas de irregularidades en condominios de Miami-Dade, las cuales fueron reveladas esta semana en una serie especial de el Nuevo Herald y Univisión 23.
“Estamos viendo cómo se puede crear un grupo especial para ver qué cambios se necesitarían a nivel de la ley estatal para darles poderes a las comunidades locales, a los municipios, y condados, para hacer cumplir las leyes en los condominios”, dijo Barreiro en su oficina de La Pequeña Habana. “Las personas que se están aprovechando del sistema saben que no hay los recursos necesarios a nivel del estado y no se están llevando a cabo las investigaciones”.
Barreiro indicó que la propuesta buscará la participación de departamentos policiales de municipios con una importante concentración de complejos habitacionales en Miami-Dade.
El comisionado dijo que la iniciativa cobra relevancia debido a que la tendencia de desarrollo urbano local apunta a que una gran parte de la población se concentre en este tipo de complejos habitacionales con centenares de apartamentos.
Barreiro enfatizó que la iniciativa busca asumir un liderazgo condal en la lucha contra el fraude de condominios en Miami-Dade ante la creciente indignación de propietarios que se quejan de no encontrar soluciones a pesar de las denuncias presentadas ante el organismo responsable del tema: el Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de la Florida (DBPR).
Un análisis realizado por el Nuevo Herald y Univisión 23 indica que de las 81 quejas de Miami-Dade del 2015, que aún se encuentran bajo investigación del DBPR, 31 son por falta de acceso a información a la que los propietarios tienen derecho.
Otras 27 quejas corresponden a irregularidades en la elección de los representantes de las asociaciones, precisamente aquellos que son responsables de dar el visto bueno a contratos por servicios en los condominios; y nueve casos obedecen a malos manejos financieros. El resto de las quejas van desde el uso de fondos y reservas sin autorización, hasta las disputas por multas, entre otras.
Miami-Dade es el condado que concentra la mayor cantidad de quejas por irregularidades y fraudes en la administración de condominios en la Florida, de acuerdo con DBPR. De 1,908 quejas recibidas en el 2015, en Miami-Dade se reportaron 566. El sur de la Florida es el área con la mayor cantidad de condominios en todo el estado.
La portavoz de DBPR, Chelsea Eagle, dijo que esa entidad tiene una serie de limitaciones para investigar las irregularidades, por lo que sus pesquisas se enfocan en disputas electorales, acceso a los registros de la asociación y a controversias financieras en los condominios.
“Sin embargo, la División cuenta con un programa de arbitraje que sirve como una alternativa cuasi judicial al sistema de cortes de la Florida para hacer frente a las disputas relacionadas a los conflictos no financieros que involucren a apartamentos específicos y la aplicación de los reglamentos de la asociación”, dijo Eagle.
Solo en el 2015, un total de 590 casos del estado de la Florida han sido sometidos a arbitraje.
Uno de los casos que se encuentra en proceso de arbitraje es el del condominio Los Sueños, en Hialeah, donde se registró un insólito resultado en las elecciones de noviembre, al registrarse la participación del 115 por ciento de las personas elegibles para votar.
En otra queja presentada ante DBPR, un grupo de propietarios de The Beach Club at Fontainebleau Park han denunciado de la falsificación de decenas de firmas en las boletas de votación. La irregularidad fue advertida por un monitor del DBPR durante la misma jornada electoral, pero a pesar de las quejas por el fraude, las elecciones fueron validadas.
El jefe de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, expresó su respaldo a la creación del equipo especial propuesto por el comisionado Barreiro para luchar de manera efectiva contra el fraude en los condominios.
“Como departamento de policía del condado estamos dispuestos a investigar y a trabajar con el comisionado Barreiro en la creación de una fuerza policíaca para combatir este tipo de fraudes con más eficiencia”, dijo Pérez a el Nuevo Herald. “Pondremos mayor énfasis en la lucha contra este tipo de fraude”.
Pérez coincidió en que el trabajo con departamentos de otros municipios permitirá multiplicar la fuerza policíaca para investigar los numerosos casos de fraude detectados en los condominios de Miami-Dade: desde la masiva falsificación de firmas para las elecciones de los miembros de las juntas directivas hasta los malos manejos financieros.
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Por su parte la portavoz de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, Lissette Valdés-Valle, dijo que los asuntos relacionados con los condominios suelen ser procesados por el DBPR, pero que si la agencia estatal “sospecha en sus investigaciones de que hay evidencias de un crimen, ellos pueden referirnos el caso”.
“Como cualquier otro caso criminal, nosotros lo procesaremos dependiendo de las evidencias”, señaló.
Eagles, la portavoz del DBPR, dijo en un comunicado enviado a el Nuevo Herald que si en el proceso de una investigación surgen sospechas de actividades delictivas, el caso es referido a la fiscalía del condado correspondiente.
Al preguntarle cuántos casos habían sido referidos a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade entre el 2005 y el 2015, cuando se presentaron un total de 6,697 quejas, Eagles indicó que en sus registros no había indicación de que se hubiera referido caso alguno.
Pero hay quienes alegan que han reportado casos de presunto fraude directamente a las autoridades fiscales, policiales y hasta federales, y sus denuncias no han sido atendidas.
José Pazos, dueño de una compañía dedicada a la administración de condominios, dijo que intentó sin éxito que distintas entidades del gobierno investigaran casos de fraude, entre ellas la Fiscalía, la División de Crímenes Económicos de la Policía de Miami-Dade y el FBI.
“Personalmente he llevado estos casos a la policía condal, y a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, y me dijeron que básicamente ellos se estaban concentrando en el fraude de hipotecas”, dijo Pazos. “Hace un año fuimos al FBI, [...] me asignaron una muchacha, y le expliqué con lujo de detalles por qué era un caso federal y no han hecho absolutamente nada. Ellos mismos me dijeron que si el caso no era de más de $15 millones no iban a perseguirlo porque no tenían los recursos, estaban concentrándose en el fraude hipotecario”.
El ex representante estatal Julio Robaina enfatizó que la Fiscalía Estatal de Miami Dade también debía asumir un rol protagónico para combatir el fraude en los condominios.
“Si en otros condados como Broward arrestan a miembros de la junta directiva, de compañías de administración por [el robo de] $12,000 hasta $500,000 lo mismo se debería estar haciendo en nuestro condado de Miami-Dade”, dijo Robaina.
Lo cierto es que bajo el sistema vigente, existen denuncias que prosperaron y condujeron, por ejemplo, al arresto en agosto del 2014 de Rachel Badilla, administradora de un condominio de North Bay Village.
Badilla fue acusada de falsificar firmas de los miembros de la Junta Directiva para girarse un cheque de $4,500. La investigación fue impulsada por el ex detective de la policía de Miami-Dade, Jorge Brito, quien reside en el condominio perjudicado: Kennedy House.
Al ser contactada telefónicamente por un reportero de el Nuevo Herald, Badilla rehusó comentar sobre el caso. Las pesquisas también permitieron revelar que el condominio tenía en su nómina como consultor a Robert Dugger, un ex concejal de North Bay Village que fue removido de su cargo por el ex gobernador Jeb Bush después de ser acusado penalmente en un caso de corrupción. Finalmente fue declarado culpable de dos cargos menores.
Badilla debe comparecer para una audiencia en corte el 20 de junio.
“A pesar de la experiencia que tengo como agente de la ley, se me hizo difícil que las autoridades tomaran el caso”, dijo Brito. “Estos fraudes de condominios son mirados inicialmente como problemas civiles y no como delitos criminales”.
La reportera Erika Carrillo de Univisión 23 colaboró con esta historia.
Siga a Brenda Medina y Enrique Flor en Twitter: @BrendaMedinar y @kikeflor
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Rodolfo Rodríguez pensó que había hecho una buena inversión para su retiro cuando compró por un precio reducido un apartamento en un condominio de Miami, tras la crisis inmobiliaria.
Rodríguez, un taxista cubano de 74 años, le hizo arreglos al apartamento que adquirió por $20,000 en agosto del 2011, y lo rentó a una familia por $800 al mes.
Sin embargo, las cosas estaban lejos de ser perfectas en el condominio Tropical Point, localizado en la calle 15 y la avenida 15 del noroeste. Como en muchos otros complejos de Miami-Dade, la asociación de propietarios de Tropical Point enfrentaba graves problemas financieros tras la crisis. Los fondos de la asociación menguaban por múltiples ejecuciones hipotecarias en el edificio y la falta de pagos mensuales por el mantenimiento.
En medio del aprieto, los miembros de la junta directiva aceptaron la sugerencia de la compañía de cobros que habían contratado para colectar los pagos atrasados, APG Partners LLC, de solicitar a un juez de la corte civil de Miami-Dade el nombramiento de un interventor judicial que ayudara a resolver los problemas financieros. Pero, según el testimonio de Rodríguez y otros antiguos dueños, algunos de ellos ex miembros de la junta directiva, la interventora y las compañías asociadas a esta se convirtieron en “su peor pesadilla”.
Tropical Point es uno de tantos condominios en Miami-Dade cuyas asociaciones recurrieron a las cortes para pedir el nombramiento de un interventor que los ayude a recuperar la estabilidad financiera. En teoría el interventor o receiver debía tomar posesión de las unidades vacantes o bajo ejecución hipotecaria, rentarlas, e inyectar fondos a la asociación para compensar por aquellos propietarios que no estaban pagando las mensualidades. A cambio, al interventor se le permite cobrar una cantidad preestablecida del dinero generado por las rentas de esas unidades, como recompensa.
Durante los 18 meses que Caridad Alina Ortega, la interventora nombrada por el juez José Rodríguez, tomó las riendas de la asociación de Tropical Point, algunos propietarios pagaron miles de dólares en mantenimientos y cargos atrasados, además de cuotas especiales. Pero, según el testimonio de varias personas, las condiciones del edificio, sobre el que pendía un gravamen impuesto por la ciudad de Miami, nunca mejoraron. No se pagó la electricidad ni el agua, no se repararon los rociadores de agua y alarmas contra incendios, ni tampoco los elevadores.
Poco más de un mes después de ser nombrada, Ortega puso un gravamen sobre la vivienda de Rodríguez por presuntos pagos atrasados de una cuota especial para reparar los elevadores y realizar arreglos al apartamento. La deuda: $3,754 por el valor de la cuota y cargos de retraso.
Rodríguez, quien dijo que acababa de cumplir un acuerdo de pago para saldar una deuda de unos $500 por cargos mensuales de mantenimiento, dijo que no contaba con más dinero.
“Busqué un agente de bienes raíces y decidí quitarme de eso y vender, porque el abuso era bastante claro y esta gente tenía el respaldo de la corte”, dijo Rodríguez. Consiguió un comprador y vendió el apartamento por unos $32,000, en marzo del 2012. Pero antes de que pudiera cobrar el dinero, la interventora le giró otra factura de más de $14,000 por presuntos gastos de abogados y arreglos en el edificio.
Los que critican el mal trabajo de algunos interventores opinan que las órdenes judiciales otorgan mucho poder sobre la asociación de condominios a una sola persona, y por otra parte, las cortes no ejercen suficiente vigilancia. En la práctica, algunos interventores trabajan de la mano de empresas y firmas de abogados que al final solo se concentran en el lucro, mientras que la asociación de propietarios recibe pocos o ningún beneficio. En el caso de Ortega, documentos de varios casos de la corte describen que la interventora empleó los servicios de al menos siete empresas para manejos, arreglos y alquiler de los apartamentos, la mayoría de estas con dueños en común.
“Si describo nuestra experiencia con la interventora como una pesadilla, me quedaría corto”, dijo a el Nuevo Herald Amjad Farooq, presidente de la asociación de Tropical Point. “En lugar de ayudarnos, la interventora nos trajo más caos y humillaciones. Se incurrió en muchas prácticas maliciosas e ilegales”.
Ortega, quien fue nombrada como interventora de Tropical Point en enero del 2012, declinó ser entrevistada por el Nuevo Herald para este informe por recomendación de su abogado, Ronald Strauss, ya que aún tiene casos pendientes en la corte. El representante actual de APG Partners, Steven Kates, tampoco respondió a un pedido de entrevista de el Nuevo Herald. Rogelio Cainzos, quien figuraba como el administrador de la compañía cuando el negocio operaba en Tropical Point y quien también operó como interventor en otros complejos, dijo a el Nuevo Herald el miércoles que salió del hospital recientemente y no podía ofrecer una entrevista.
Ortega fue nombrada como interventora en al menos otros 12 condominios de Miami-Dade. Algunos de esos terminaron presentando peticiones en corte para que se cancelara su intervención.
“Las víctimas generalmente tienen que buscar un abogado para llevar sus casos a la corte y la pelea se puede extender por años, mientras tanto estas personas están chupando dinero de las asociaciones”, dijo José Pazos, propietario de la firma de administración de condominios Pazos Robaina Association Management, quien mantiene una página web con información sobre casos relacionados con interventores.
En el caso del condominio International Park I, en la 11800 de la 18 calle del suroeste, la jueza Victoria Sigler, en su orden para cancelar a Ortega como interventora, emitida en noviembre del 2014, determinó, entre otras cosas, que:
▪ Los reportes que la interventora debió entregar a la corte cada cuatro meses casi nunca se recibieron a tiempo, por lo que la corte no pudo vigilar la actividad de Ortega. “La asociación de condominios, los dueños de apartamentos y los inquilinos no tuvieron el beneficio de un proceso transparente”, escribió la jueza Sigler.
▪ La interventora cobró cantidades excesivas, a veces más del doble de lo permitido por la corte, por gastos y honorarios. En una unidad, la interventora cobró $2,500 por honorarios, aunque solo se le permitía cobrar $1,500. “En conclusión, la corte no aprueba la duplicación de los cobros, la subcontratación de servicios y los cargos excesivos, los cuales son contrarios al mejor interés de la intervención”, de acuerdo con la orden judicial.
▪ La interventora despojó a al menos un propietario de su vivienda de manera fraudulenta, al pegar en su puerta una orden judicial falsa y cambiar las cerraduras. “El nombramiento de un interventor no priva a alguien de su derecho de propietario”, escribió Sigler.
▪ La interventora incurrió en un conflicto de intereses al permitir que las compañías que contrató para brindar servicios lucraran, sin revelar que estas empresas estaban relacionadas. “La corte ha notado que los proveedores de la interventora, Gables Professional Management Co., Community Rental Partners, LLC y APG Partners, son todas compañías registradas a nombre del administrador de la propiedad, Rogelio Cainzos, y han lucrado substancialmente durante la intervención [de Ortega]”, dice la orden.
El abogado Strauss, quien además es el agente registrado de la mayoría de las compañías empleadas por Ortega y en las que Cainzos figura como administrador, dijo a el Nuevo Herald que Sigler emitió la orden judicial sin ninguna evidencia y sin escuchar a ningún testigo.
“No hubo una audiencia de evidencias”, dijo Strauss, quien declinó hablar sobre otros temas.
En una entrevista con el Nuevo Herald, la jueza de la corte de circuito de Miami-Dade Beatrice Butchko, dijo que la corte nombra interventores con la intención de ayudar, y no de afectar a los condominios. Butchko dijo que generalmente los jueces no están al tanto de las irregularidades en las que incurren algunos interventores y es la responsabilidad de los propietarios informar a la corte.
“Obviamente, alguien que quiere ser un interventor no viene y nos dice: ‘Yo voy a robar, voy a hacer daño a los dueños’; no funciona así”, dijo Butchko, una juez administrativa de la corte civil. “En algunos casos estas personas no están haciendo el trabajo para el que se les nombró, pero nosotros, como jueces, tenemos cientos de casos y no estamos vigilando todas las acciones del interventor. Los dueños tienen la responsabilidad de dejarnos saber que el interventor no está haciendo su trabajo”.
Sin embargo, algunos en la industria opinan que los jueces no están lo suficientemente informados sobre los casos de fraude con interventores de condominios y que las acciones de estos rayan en el delito.
“La corte nombra a estas personas y debe responder por lo que ellos hacen con los poderes que se les da”, dijo Pazos. “Un interventor debe ser alguien neutral, que nombre un juez al azar, pero en estos casos fueron las asociaciones las que propusieron a qué interventor querían nombrar”.
Butchko enfatizó que si un interventor está tomando acciones que los propietarios consideren delictivas, son los residentes o dueños de las unidades los que deben contactar a la policía o llevar sus quejas a la fiscalía estatal.
Varios años después de perder su propiedad, el taxista Rodríguez aún no entiende exactamente qué sucedió.
“Nunca comprendí cómo es que esa gente llegaron ahí y en dos meses ya yo les debía todos esos miles de dólares”, contó Rodríguez, quien ha conducido un taxi por 20 años y utilizó parte de sus ahorros para comprar el apartamento. “Eso fue una pesadilla y un dolor de cabeza. Traté de defenderme, pero me dijeron que tenía que buscarme un abogado, ir a corte, y todo eso es más dinero”.
En el 2014 Rodríguez recibió una sorpresiva llamada de los nuevos propietarios de varios apartamentos en Tropical Point, para ofrecerle llevar su caso a la corte. Ese mismo año, en junio, el juez José Rodríguez ordenó que Ortega y las compañías con las que trabajaba reembolsaran al antiguo propietario Rodríguez unos $3,799 por cobros excesivos. Desde entonces la corte ha ordenado reembolsos a al menos otros dos dueños por sobrecargos.
“Nos metimos aquí y empezamos a revisar las cuentas, y nos encontramos con todo tipo de abusos, incluyendo el caso de ese señor taxista, al que claramente le habían cobrado servicios que nunca se dieron”, dijo Armando Pérez-Roura Jr. La compañía de su familia, 1498 Across the Bay, invirtió en la compra de varias unidades en el condominio para alquilarlas, hizo un préstamo para realizar los arreglos y logró que retiraran el gravamen que la ciudad de Miami había puesto sobre la propiedad.
En el 2013, el juez Rodríguez reemplazó a Ortega como interventora de Tropical Point por petición de la asociación y de la propia Ortega. Poco después, Ortega giró una factura de más de $48,000 a la asociación, alegando que aún debe servicios legales a dos firmas de abogados por litigios y asesoramiento relacionados con el condominio. Tropical Point se niega a pagar.
El caso se encuentra en la corte de circuito y ha abierto una caja de Pandoras sobre la intervención de Ortega en Tropical Point.
Los abogados que representan a Tropical Point lograron que el juez ordene que el Banco Popular entregue los estados de cuentas de las compañías relacionadas con Ortega que operaron en el condominio, alegando que la antigua interventora no estaba proporcionando los documentos correctos sobre su trabajo en el complejo.
De acuerdo con documentos que los abogados presentaron en la corte, más de $61,000 generados en ese condominio durante la intervención de Ortega fueron depositados en una cuenta de APG Partners, LLC. Unos $11,000 de esos fondos fueron a la asociación. Pero los representantes de la asociación alegan que el monto que pasó por las cuentas de bancos utilizadas por la interventora y las compañías durante su estadía en Tropical Point sobrepasa los $115,000. Ahora los abogados de Tropical Point están pidiendo al juez Rodríguez que ordene la devolución de todo el dinero, y que la interventora se encargue de pagar los honorarios a los abogados.
En una audiencia en corte el 2 de marzo, Cainzos testificó ante el juez Rodríguez que varias empresas en las que figura su nombre no fueron creadas por él, y que en algunos casos no estaba enterado de la existencias de las compañías.
“¿Diría usted que era solo un testaferro?”, le cuestionó Spencer West, abogado asociado del actual interventor de Tropical Point, Phillip Mitchell.
“Se podría decir que sí”, respondió Cainzos, quien aseguró que se utilizó una firma electrónica no autorizada para crear las empresas.
En enero del 2015, West presentó una petición para que la corte consolidara todos los casos pendientes de propietarios que intentan destituir a Ortega como interventora, pero la petición fue denegada.
La juez Butchko, quien no puede hacer comentarios sobre casos específicos, explicó a el Nuevo Herald que la corte sólo podría asignar varios casos a un mismo juez, si estos presentan características idénticas.
Sin embargo, en la petición para consolidar los casos, West alegó que Ortega y las compañías con las que trabaja han incurrido en un patrón de actividades abusivas en varias propiedades donde brindaron servicios.
“Al equipo completo de intervención de Ortega, APG, etc. se le debe prohibir participar en cualquier otra intervención en el condado Miami-Dade hasta que la corte pueda prevenir que ocurran casos similares”, dijo West en la petición.
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Lo que viene
Viernes 18 de marzo: Las autoridades del condado Miami-Dade proponen la creación de una unidad especial para analizar y combatir los problemas de fraude en los condominios, después de que la investigación demuestra la existencia de un ambiente de impunidad.
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El Departamento de Policía de Miami-Dade informó el miércoles que ha iniciado una investigación sobre el posible fraude cometido en el condominio The Beach Club at Fontainebleau Park.
El vocero policial Alvaro Zabaleta dijo que agentes de la División de Crímenes Económicos de ese departamento empezaron las pesquisas ante las presuntas irregularidades denunciadas en ese condominio y que fueron reveladas en una serie investigativa de el Nuevo Herald y Univisión 23.
“Hay detectives ya asignados a investigar los temas de posible fraude de las acciones cometidas”, dijo Zavaleta en declaraciones a el Nuevo Herald. “Ellos ya han venido entrevistando a residentes del condominio [Fontainebleau]”.
El equipo periodístico destapó la falsificación de firmas de al menos 84 propietarios de The Beach Club en los comicios de noviembre pasado para elegir a los miembros de la Junta Directiva de ese complejo habitacional localizado en el noroeste de Miami-Dade.
La serie investigativa también reveló que los directivos de esa Junta aprobaron la firma de un millonario contrato para reparar los techos de los 12 edificios del reparto.
Sin embargo, la empresa beneficiada, D&T General Contracting Inc., compitió en la licitación con dos empresas de papel. Esas otras dos supuestas empresas son Tri-County Inc. y Northeast Contracting Corp., con presuntos domicilios en Weston y Plantation, respectivamente.
La ley de la Florida requiere que las asociaciones de condominios realicen una licitación para otorgar contratos por servicios que requieran un pago mayor al cinco por ciento del presupuesto del complejo.
El presidente de la Asociación de Propietarios de The Beach Club, Wilfredo Zayas, ha rehusado a comentar sobre las alegaciones de fraude en ese condominio. El vicepresidente de esa asociación Guillermo Merique dijo a la reportera Erika Carrillo, de Univisión 23, que el abogado de la asociación, Héctor Martínez, se había encargado del proceso de selección.
“Yo no sabía”, dijo Merique a Univisión 23. “Yo me guío porque me ha dicho el abogado [...] mira estas son las compañías que califican, son las mejores [...] esto es lo que más conviene”.
Martínez rehusó comentar sobre las declaraciones de Merique.
Las revelaciones periodísticas despertaron la indignación de vecinos frustrados, que afirmaron haber sido tratados con indiferencia por las autoridades cuando originalmente acudieron a denunciar los presuntos fraudes.
“Finalmente, gracias a Dios, nos han contactado los detectives de la policía de Miami-Dade para investigar el caso”, dijo Katherine Castro, una de las residentes de The Beach Club que denunció el caso. “[Los detectives] nos han dicho que van investigar el caso y lo único que espero es que hagan algo de verdad y tomen una acción legal para que comprueben el fraude mayúsculo en nuestra comunidad”.
Al menos una veintena de los votos falsificados fueron enviados por correo desde la oficina central del Servicio Postal en Miami, sin consignar la identidad ni la dirección del remitente, de acuerdo con las pesquisas. El envío del paquete de boletas se realizó el mismo día: el 19 de noviembre.
Una de esas boletas es la de Aliria Stoppa, quien reside en Venezuela. Sin embargo su firma apareció falsificada en una boleta enviada desde la sede principal del correo de Miami.
“Me sentí indignada al ver la firma falsa de mi madre”, dijo Paola Silvestri, hija de Stoppa. “Al día siguiente de corroborar que habían falsificado la firma de mi mamá fui a la sede central de la Policía de Miami-Dade, me trataron súper mal, no me querían hacer el reporte [...] luego de una hora me tomaron la denuncia pero nunca investigaron nada”.
Puede comunicarse con Enrique Flor y Brenda Medina en Twitter: @kikeflor y @BrendaMedinar
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Cira y José Rodríguez se han resignado a perder el apartamento que compraron hace siete años.
La pareja de jubilados no tiene cómo cumplir con el pago de una cuota especial impuesta por la Junta Directiva del condominio donde residen, The Beach Club at Fontainebleau, al noroeste de Miami-Dade.
“Podemos perder nuestro apartamento [...] justo ahora que voy a cumplir 78 años, y me parece increíble que me pase esto”, dijo José poco antes de quebrarse en lágrimas.
Seis meses antes de ser reelectos en una elección en la que se evidenció la falsificación de votos, los representantes de la Junta Directiva de ese condominio aprobaron el pago de una cuota especial para otorgar un contrato de $5.2 millones, mediante una sospechosa licitación, a una compañía de reparación de techos que tenía solo un año de creada.
Cira le extiende la mano a su esposo para consolarlo y explica: “Es difícil cuando usted ha trabajado toda la vida para tener una vejez tranquila y lleguemos a esta situación”.
La pareja ya paga $240 mensual por mantenimiento y la cuota especial representa $260 más, que deben abonar mensualmente.
“Tendríamos que pagar más de lo que nosotros recibimos de [la pensión de] retiro y eso es totalmente imposible”, dijo Cira. “El abogado [de la asociación] nos informó que si no pagamos el special assessment [la cuota especial] nos pueden embargar el apartamento”.
El repentino aumento de las mensualidades en ese complejo provocó que los vecinos empezaran a solicitar registros contables a la Junta Directiva de la asociación y a la compañía que administra el condominio, Sunshine Management Services, LLC.
“Lamentablemente, los procesos de licitación en los condominios son fácilmente manipulables y eso es algo común en Miami”, dijo José Pazos, propietario de la firma de administración de condominio Pazos Robaina Association Management. “Si no se siguen las mejores prácticas estipuladas por la industria, que es llevar a cabo un proceso de licitación con propuestas selladas, que sean recibidas por la oficina del abogado y abiertas delante de los propietarios, se presta a que el acuerdo esté arreglado de antemano y no sea transparente”.
El Nuevo Herald y Univisión 23 analizaron los 81 casos de Miami-Dade que aún se encuentran bajo investigación del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR), la entidad estatal que supervisa los condominios. De estas quejas del 2015, nueve denuncias son por malos manejos financieros, y varios de esos demandantes han presentado algún tipo de documentación para respaldar sus quejas.
Pero en la mayoría de los casos, 31 quejas, los vecinos alegan que no les permiten acceder a los registros financieros de sus condominios a los que tienen derecho, de acuerdo con la ley estatal. Esa limitación dificulta la posibilidad de que los casos sean investigados y los propietarios encuentren una solución, ya que el DBPR solo inicia una pesquisa si los querellantes pueden entregar alguna prueba que avale la acusación.
Una de las quejas por el presunto mal uso de fondos de la asociación ha enfrentado a propietarios del condominio Commodore Club South, en Key Biscayne. Allí se cuestiona el pago de $17,200 por los servicios de teléfono celular del ex presidente y dos de sus familiares durante poco más de cuatro años.
No todos los casos de irregularidades han sido reportados al DBPR, ya que algunos propietarios desconocen a que autoridad acudir o, según el testimonio de algunos, sienten que las autoridades realmente no investigan los casos. Por ejemplo, el condominio The Greens, en Fontainebleau no cuenta aún con la obligatoria certificación de seguridad estructural que requiere el Condado, a pesar de que los propietarios se encuentran pagando una deuda de $728,000 desde hace más de dos años.
Los propietarios de The Beach Club ya han pagado unos $400,000 a D&T General Contracting, Inc., la compañía escogida para reparar los techos de ese complejo de 12 edificios con 712 apartamentos. El dinero empezó a ser recolectado en julio del 2015 y a inicios de febrero de este año comenzaron las obras.
La Junta Directiva de The Beach Club escogió a D&T General Contracting, una compañía de Fort Lauderdale que el empresario David Taylor había creado hacía poco más de un año, de acuerdo con registros corporativos de la Florida.
La investigación de el Nuevo Herald y Univisión 23 ha documentado que las otras dos empresas que presentaron cotizaciones para competir con D&T son compañías fantasmas que solo existen en papel vinculadas a empleadas de Taylor. Esas otras dos supuestas empresas son Tri-County Inc. y Northeast Contracting Corp., con sedes en Weston y Plantation, respectivamente.
Cuando un equipo de periodistas visitó las direcciones incluidas en las propuestas del costo de los arreglos proveídas por las compañías, se encontró con que las supuestas sedes de las empresas eran inmuebles residenciales y los actuales ocupantes aseguraron que allí no operaba ningún negocio.
De acuerdo con la cotización supuestamente presentada por Tri-County, la sede está localizada en el 16703 Golfview Drive, en un reparto residencial de Weston. El actual dueño de la vivienda, Joseph Isabella, dijo que junto con su esposa adquirió esa casa hace cinco años y aseguró que allí no funciona ninguna compañía de reparación de techos.
Según el Registro de Propiedades de Broward, esa misma vivienda perteneció entre el 2004 y el 2011 a Gary y Anne Tepper. Ambos son familiares de Patricia y Erin Tepper, de acuerdo con registros obtenidos por el Nuevo Herald. Patricia Tepper exhibe en su hoja de vida haberse desempeñado como directora de Operaciones de Taylor Contracting & Roofing, otra de las compañías de Taylor.
La otra empresa, Northeast Contracting Corp, está localizada en un barrio residencial de Plantation. Cuando un reportero de el Nuevo Herald acudió a esa vivienda la mañana del lunes 25 de enero, Erin Tepper rehusó comentar si allí funcionaba esa empresa.
A mediados de febrero, Erin Tepper fue localizada por dos reporteros de Univisión 23 trabajando en la oficina de Taylor, en Dania Beach. Una vez más, rehusó comentar sobre el tema y los echó de la oficina.
La administradora de Sunshine Property Management, Juliet Siglier, dijo que la contratación de D&T fue una decisión de la Junta Directiva de The Beach Club.
Al ser consultado, el vicepresidente de la asociación, Guillermo Merique, dijo que el abogado Héctor Martínez se encargó del proceso de selección y verificación de las empresas. El abogado de esa asociación, Martínez, rehusó en dos oportunidades hacer comentarios públicos sobre esa licitación.
Pero poco después, Martínez citó a Merique a su oficina en Miami Lakes y ambos se comunicaron con un reportero de el Nuevo Herald. En esa llamada Merique cambió su versión y dijo que el abogado no había participado en la selección de las compañías, y que el proceso había sido responsabilidad de los miembros de la junta directiva de la asociación.
“El interés nuestro estaba enfocado en encontrar una compañía que pudiera solucionar nuestro problema, el atraso que teníamos en reparar los [techos de los] edificios que corrían el riesgo de ser demolidos por el Condado”, dijo Merique a el Nuevo Herald.
Ante esa declaración, una reportera de Univisión 23 entrevistó nuevamente a Merique, quien frente a las cámaras responsabilizó una vez más a Martínez por el proceso de selección de las compañías.
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“Las empresas las verificó el abogado”, dijo Merique a Univisión 23. “Me guío por lo que me ha dicho el abogado, la compañía legal, que me dijo: ‘Mire esas son las compañías que califican, son las mejores, este es el mejor precio, esto es lo que más conviene’ ”.
El Nuevo Herald intentó contactar a David Taylor, el dueño de la empresa, en su vivienda de Fort Lauderdale, el martes 1 de marzo. Un hombre que llegó a la casa con otras dos personas que inmediatamente entraron a la vivienda, dijo que no era un buen momento para hablar con Taylor, ya que se estaba preparando para viajar fuera del país. Agregó que le haría llegar el pedido de entrevista. El Nuevo Herald también envió un mensaje de correo electrónico pero no hubo respuesta a las solicitudes.
Una pesquisa en registros públicos, revela que Taylor ha creado al menos 15 empresas de reparación de techos sobre las cuales penden varias demandas legales. Dos de esas denuncias fueron entabladas por propietarios de condominios del condado de Broward.
Los propietarios de Eagle Nest Townhouses, una comunidad de Coral Springs, demandaron el año pasado a David Taylor, a su hermano Joseph y a su empresa ABC Roofing LLC, y también a la firma TriCoast Roofing LLC, y su dueño Barry Carter, por los malos trabajos realizados en ese condominio tras el huracán Wilma.
Los propietarios de Eagle Nest alegan en la demanda que las tejas de los techos de las casas se desprenden con facilidad, aunque la garantía de los trabajos es de 20 años.
Dos abogados de Taylor que acudieron a una corte de Broward el 11 de febrero para una audiencia del caso –que fue cancelada– declinaron hacer comentarios a reporteros de el Nuevo Herald y Univisión 23.
En otro caso, vecinos del condominio Fairway Views, en Margate, interpusieron una queja contra David Taylor ante DBPR por los malos trabajos de techo realizados en ese complejo de 176 casas. Los propietarios alegan que pagaron $3.7 millones por arreglos tras el huracán Wilma, pero el agua de lluvia se filtraba por los techos recién reparados.
“Desde el primer día empezaron a gotear”, dijo Sitra Friedman, presidenta de la asociación de propietarios del condominio y quien reside en Fairway Views desde hace una década. “Fue horrible... ellos cambiaron de nombre varias veces y no hablaban con nadie, solo con la antigua presidenta que no nos daba información. Todo fue instalado de mala manera. Ellos usaron los peores materiales”.
La empresa Taylor Contracting & Roofing INC, otra de las empresas de Taylor, también fue demandada en Georgia, en enero del 2014, por alegaciones de incumplir con la garantía de un arreglo de techos, según récords públicos de la corte civil del condado Cobb. En ese caso la propietaria de una vivienda contrató los servicios de la compañía para reparar los techos, tras los daños ocasionados por un huracán en el 2011. Pero los daños por filtración continuaron, y tras realizar varias reparaciones, la empresa se negó a continuar cumpliendo con la garantía de cinco años.
La última vez que la demandante contactó a Charles Taylor –entonces socio de David Taylor para exigirle que realizara las reparaciones, éste la refirió a un subcontratista que había trabajado en la obra y le deseó “buena suerte”, de acuerdo con la demanda. Unos meses después ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de la corte. La empresa indemnizó a la demandante, dijo el abogado del caso Bobby E. Hill.
Cada queja reportada ante DBPR tiene sus propias complejidades.
Por ejemplo, en el condominio Commodore Club South, en Key Biscayne, el ex presidente de la Junta, Carlos Santamaría, fue acusado de utilizar $17,200 de fondos de la asociación para pagar su cuenta telefónica privada, la de su esposa y la de su hijo, según documentos de DBPR.
Las cuentas corresponden al período de octubre del 2010 a febrero del 2015, de acuerdo con registros de la compañía AT&T, adjuntados en la queja.
Los reglamentos del condominio prohíben el uso de fondos de la asociación para compensar a los miembros de su Junta Directiva.
Sin embargo, Santamaría dijo a el Nuevo Herald que los pagos se efectuaron tras un acuerdo verbal adoptado en el 2010 con cuatro miembros de la junta y el administrador del condominio. Explicó que esa medida obedecía a que debía realizar múltiples gestiones en favor de su edificio.
“En ese momento me ofrecieron pagarme el teléfono y yo acepté para seguir lidiando con todos los problemas que teníamos”, dijo Santamaría, un español que reside en el complejo desde hace 25 años. “Yo les dije a los miembros de la Junta, os doy mi tiempo y mi trabajo, pero no gasto dinero de mi bolsillo en el edificio”.
Santamaría mostró copias de los cheques mensuales –con firmas de los miembros de la Junta–, girados para pagarle las cuentas de teléfono. También mostró registros bancarios de pagos por un total de $7,200 que él realizó a la asociación correspondientes a las cuentas de teléfonos de sus familiares.
“Yo me puedo equivocar pero no robo”, enfatizó Santamaría.
En otro condominio, The Greens, en Fontainebleau, en el 2013, se implementó el cobro de una cuota especial a los propietarios de los 301 apartamentos para reparar las estructuras de sus siete edificios y así obtener la certificación obligatoria por cumplir 40 años de antigüedad.
Fue así que la asociación de ese condominio gestionó un préstamo bancario por $728,000 en diciembre del 2013, pero hasta el día de hoy no han obtenido la debida certificación.
Cecilia Sarraf, quien asumió la presidencia de ese condominio en noviembre, dijo que la calidad del trabajo no refleja el monto pagado a la empresa contratista Placeres Construction.
El representante de esa empresa, Carlos Placeres, aseguró que cumplió con realizar todas las reparaciones señaladas en un estudio de ingeniería realizado por SD Consulting Engineers.
“Creo que hicimos un buen trabajo”, dijo Placeres a el Nuevo Herald. “Trabajamos por más de un año en ese condominio, concluimos las obras y ofrecimos hacer un reporte final pero nunca nadie nos respondió [...] Si ahora aparecen más rajaduras hay que entender que es un condominio con más de 40 años que necesita constantes reparaciones”.
Sin embargo, para vecinos como Nidia Vázquez, lo más indignante es que los propietarios se hayan endeudado hasta enero del 2018 para financiar las obras.
“En este país he comido mucho pollo a 19 kilos [centavos] la libra y mucho arroz amarillo para poder ahorrarme los $20 pesos para pagar por mi rancho”, dijo Nidia Vázquez, de 77 años. “Mi dolor ahora es tener el miedo de perder mi casa por una certificación de 40 años que no hemos pasado. Y mi pregunta es ¿dónde está mi dinero?”
La reportera Erika Carrillo de Univisión 23 contribuyó con esta historia.
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Lo que viene
Jueves 17 de marzo: El polémico papel de los interventores designados por la corte para asumir la administración de las asociaciones en crisis y cómo, en muchos casos, terminan convirtiéndose en un problema más que en una solución.
Viernes 18 de marzo: Las autoridades del condado Miami-Dade proponen la creación de una unidad especial para analizar y combatir los problemas de fraude en los condominios, después de que la investigación demuestra la existencia de un ambiente de virtual impunidad.
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La noche del domingo 13 de julio del 2014, Julian Ovalle asesinó brutalmente a su pareja, Rossana Sabater, en su casa del este de Hialeah, a menos de media milla de la estación central de la policía de esa ciudad.
Primero le amarró las manos y luego la acuchilló 54 veces. Le cortó el rostro, el cuello, la espalda, los brazos, las piernas y el abdomen. Enseguida la roció con alcohol y le prendió fuego.
Poco después, Ovalle, de 40 años, se suicidó con el mismo cuchillo de cocina. Se acuchilló tantas veces que dejó sus intestinos expuestos.
“El hombre mató a la mujer [...] de una manera descarnada”, comentó un vecino que pidió no ser identificado. “Esa era la casa de los abuelos, cubanos que llegaron hace décadas, y que hace poco perdieron la propiedad. En el vecindario, los nietos eran conocidos como gente muy problemática”.
El asesinato de Sabater, de 31 años, refleja el nivel de crueldad de varios de los 899 casos de violencia doméstica registrados el año pasado en Hialeah, que incluyen desde asesinato y asalto con agravantes hasta acoso. El número representa un aumento de casi el 11 por ciento respecto a los 810 casos del 2013, según las cifras oficiales.
Lourdes Mendoza, coordinadora de la Oficina de Asesoría de Víctimas de Violencia Doméstica de la policía de Hialeah, dijo que el creciente fenómeno en esa comunidad comprende crímenes pasionales caracterizados por la irracionalidad.
Mendoza indicó que, tras analizar varios casos locales, surgen tendencias que caracterizan la violencia contra las parejas: desde la dependencia financiera hasta problemas por el estatus migratorio.
“Muchas víctimas, por miedo de su situación financiera, no reportan estas agresiones”, sostuvo Mendoza, con ocho años de experiencia en la ayuda a víctimas en Hialeah. “Otra realidad es la de quienes amenazan a sus parejas con llamar a [agentes] de inmigración. Les dicen: ‘Si me reportas [por un caso de violencia doméstica], tú eres la que va a ser deportada”.
La violencia de los casos, según Mendoza, ha llegado a que los agresores ataquen a sus víctimas frente a sus hijos.
Anualmente, más de tres millones de niños estadounidenses son testigos de violencia doméstica en el hogar, según Improvedu, una organización sin fines de lucro que busca prevenir este problema.
Hace un mes, Roberto Calixto Gómez, de 50 años, mató a balazos a Marcia Vázquez, de 49, en el este de Hialeah. Ambos se habían separado hacía un par de semanas tras una relación de casi una década.
La noche del sábado 15 de agosto, Gómez llegó al apartamento del cual Vázquez planeaba mudarse. Entró al dormitorio, desenfundó su pistola semiautomática y la baleó a quemarropa, de acuerdo con el reporte policial.
Al escuchar los disparos, la hija menor de Vázquez entró al dormitorio, vio a su madre tendida en el piso y llamó al servicio de emergencias 911. De acuerdo con Mendoza, la pequeña le pidió a Gómez, su padrastro, que le dejara darle un beso a su madre. Poco después Gómez se suicidó con la misma pistola.
Cuatro minutos después, la hija mayor de Vázquez, Yamisley Hernández, llegó al apartamento. Ella iba a ayudar a su madre y a su hermanita a mudarse a otro lugar. Pero fue muy tarde.
“Él la mató delante de la niña. ¡Eso es una crueldad!”, dijo Mendoza. “La pequeña le dijo al padrastro: ‘Déjame despedirme de mami antes de que ella muera’. Y eso para un niño chiquito le crea una situación bien traumática [...] eso nunca se le va a borrar de la memoria”.
En el 2010, Hialeah sufrió una sonada racha de crímenes pasionales marcados por la ira de atacantes que no aceptaban el distanciamiento de sus parejas y, tras asesinarlas, se suicidaban.
Uno de esos casos ocurrió en el popular restaurante Yoyito, en el 495 de la calle 49 del este. Gerardo Regalado, de 38 años y hermanastro de la estrella cubana del béisbol Orlando el “Duque” Hernández, no pudo soportar el rompimiento de su relación con Liazán Molina, de 24.
La noche del domingo 6 de junio del 2010, Regalado fue armado con una pistola calibre .45 hasta el restaurante donde había empezado a trabajar Molina y la mató a balazos, al igual que a otras tres empleadas del negocio. Otras tres resultaron heridas. Luego, Regalado abandonó el restaurante en el automóvil de Molina y minutos después, a tres cuadras de distancia, se suicidó de un disparo en la cabeza.
Hialeah, el segundo municipio más poblado de Miami-Dade –con más de 230,000 habitantes–, registró cuatro homicidios de un total de 825 casos de violencia doméstica en el 2010. Tras una campaña municipal de prevención lanzada en esa comunidad, los casos reportados disminuyeron a 759. Pero luego siguieron aumentando a 786 en el 2012; 810 en el 2013; y 899 en el 2014.
Por eso, la Ciudad de Hialeah ha decidido lanzar en octubre una campaña para educar a la comunidad sobre la violencia doméstica. Octubre es el mes de la concientización contra este mal.
La presidenta del Concejo de Hialeah, Isis García Martínez, dijo que la campaña se enfocará, entre otros aspectos, en impulsar una cruzada en las escuelas intermedias y secundarias para educar a las nuevas generaciones.
“Una de las mejores formas de educar a nuestros hijos es hacerles entender que si han visto en sus hogares que alguien le ha levantado la mano a una mujer es algo inaceptable”, dijo Martínez. “Estoy convencida de que educando a nuestras nuevas generaciones podremos reducir el número de casos de violencia doméstica en nuestra comunidad”.
La concejal también dijo que la campaña apuntará a recaudar fondos privados para ayudar a víctimas de este fenómeno. Y es que parte de la campaña apunta a frenar el retorno de las víctimas a las viviendas de los agresores, tal como le ocurrió a Rachel Sánchez, una cubana de 25 años y madre de dos niñas.
En abril del 2014, Sánchez llamó por primera vez a la policía para denunciar a Raúl Marrero, de 25 años, y padre de la menor de sus hijas por pegarle. Lo llevaron arrestado, pero tras el pago de fianza y recuperar la libertad, Marrero convenció a Sánchez para retomar la relación. El miedo de ella a no tener un techo para sus hijas la llevó a intentarlo por segunda vez, dijo.
Nueve meses después una nueva agresión física ocurrió en el townhouse que ocupaban en Hialeah. Inicialmente, Sánchez trató de callar, pero un par de días después se lo contó a su padre, quien vive en Orlando. Fue él quien de inmediato llamó a la policía de Hialeah, la cual arrestó a Marrero.
Un par de días después, cuando nuevamente Marrero salió libre bajo fianza, intentó ingresar en la casa. Sánchez se ocultó en un armario con sus hijas y llamó al 911. Marrero logró huir, pero tres días después lo arrestaron por violar una orden de restricción. Actualmente se encuentra preso.
Tanto Mendoza como Emerly Guzmán, también trabajadora social de la Oficina de Víctimas de Crímenes Violentos de la policía de Hialeah, han asesorado a Sánchez para empezar una nueva etapa en su vida.
Ambas ayudaron a la joven madre a conseguir fondos para mudarse a un nuevo apartamento. También la recomendaron a Survivor’s Pathway, una organización sin fines de lucro, con sede en Coral Gables, donde recibió 17 terapias psicológicas junto con la mayor de sus hijas, quien presenció las agresiones de Marrero.
“Gracias a esa ayuda ahora soy una mejor persona”, dijo Sánchez. “Les estoy dando a mis hijas una vida de energía positiva [...] llena de alegría, sonrisas, de cosas buenas, porque si crecen y la violencia llega a sus vidas, ellas la van a rechazar”.
Vea la tercera entrega de esta serie especial el próximo domingo 20.
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Cómo afecta la violencia doméstica a los niños
▪ Tienden a desconfiar de las personas con quienes comparten su vida.
▪ Apoyan al adulto abusivo para protegerse.
▪ Corren riesgos al tratar de defender a la víctima del abuso.
▪ Sufren de baja concentración en la escuela.
▪ Se quieren ir de sus casas.
▪ Se culpan a sí mismos por el abuso.
▪ Consumen bebidas alcohólicas, drogas, comen en exceso o se infligen heridas.
Datos del Departamento de Social Work de la Universidad de New England
Cómo obtener ayuda
Reporte el abuso doméstico comunicándose al departamento de policía de su ciudad. Si es una emergencia, llame al 911.
Policía de Hialeah: (305) 687-2525.
Reporte incidentes de manera anónima, en la línea de Alto al Crimen, al (305) 471-TIPS (8477) o visite www.crimestoppersmiami.com.
Si es víctima de violencia doméstica y desea presentar cargos contra el agresor, llame a la Fiscalía Estatal: (305) 547-0150.
Línea Nacional de Ayuda para la Violencia Doméstica: 1-800-799-SAFE (7233), para una guía de recursos de apoyo.
Centro de Coordinación para Asistencia a las Víctimas del condado Miami-Dade: 2400 South Dixie Hwy., (305) 285-5900.
Para terapias y asistencia profesional: Family Counseling Services of Greater Miami, 7412 Sunset Dr., (305) 740-8998, o a la línea nacional de ayuda contra la violencia: 1-800-799-SAFE (7233).
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Yissel Milanés deja caer su cabello sobre la mejilla derecha para cubrir el ojo de vidrio que lleva como marca del momento más trágico de su vida.
El 14 de marzo del 2012, esta madre cubana de dos niños festejaba su cumpleaños número 27, en su casa en Kendall, adornada con globos para la ocasión. José Luis Duarte Borrero, quien era entonces su esposo, llegó, y sin avisar, le disparó en la cara.
La bala le perforó el ojo derecho y le destrozó parte del cráneo. El proyectil se quedó alojado en la cabeza, pero Milanés pudo llegar viva al hospital gracias a que un policía de Miami-Dade contuvo la hemorragia con varias toallas. Desde aquella trágica noche, Milanés se ha sometido a una veintena de cirugías reconstructivas y terapias psicológicas para rehacer su vida.
“Son muchas las operaciones por las que he pasado, pero nunca voy a ser como yo era antes físicamente”, dijo Milanés a el Nuevo Herald en la primera entrevista que ofrece tras el incidente. “Eso me tiene la autoestima baja, porque yo me consideraba que tenía una cara bien bonita y ya no es igual, ya no soy la misma [...] pero sigo adelante por mis hijos, ellos me dan la fuerza para seguir luchando”.
El de Milanés es uno de los más de 25,000 casos de violencia doméstica registrados por el Departamento de Policía de Miami-Dade entre el 2010 y el 2014.
Miami-Dade es el condado con mayor número de casos de violencia doméstica registrados en la Florida, según la Policía Estatal. De acuerdo con cifras de esa dependencia, el año pasado fueron reportados 9,811 casos en Miami-Dade, el condado con la mayor población del estado: más de 2.6 millones de habitantes.
La violencia doméstica en Miami-Dade es “un fenómeno grave” tanto por la crudeza de los casos como por la avalancha de los abusos, asegura Bárbara Brewer, trabajadora social de la policía condal que desde hace dos décadas auxilia a las víctimas locales.
Pero lo más delicado, según Brewer, es que muchas víctimas se resisten a denunciar los casos por diversas razones. La dependencia económica de sus parejas no les permite dar este paso tan arriesgado o se aferran al sueño de ofrecerles a los hijos “una familia estable”.
Ese sueño, según Milanés, fue el que la llevó al menos en cinco oportunidades a perdonar a Duarte, a pesar de las agresiones verbales y físicas sufridas en seis años de relación. Ella había enviudado hacía más de una década y no quería que su hijo menor, actualmente de 8 años y fruto de la relación con Duarte, sufriera como su hija mayor, de 12, al perder a su padre.
Pero los abusos físicos aumentaron y Milanés, natural de Las Tunas, decidió separarse definitivamente de Duarte, en el 2012.
“Poco antes de mi cumpleaños le había dicho que ya estaba cansada, que no quería seguir con él, que estaba obstinada”, dijo Milanés. “Entonces él simplemente pensó: ‘si no es mía no es de nadie’. No me dejaba vivir, hasta que decidió matarme”.
Durante un pasaje de la fiesta de cumpleaños, Duarte subió al segundo piso de la casa en Kendall y en el dormitorio principal le disparó a Milanés. Ella no recuerda la escena. El reporte policial indica que Duarte se dio a la fuga aquella misma noche. Desde entonces permanece prófugo. Los detectives sospechan que Duarte, natural de la provincia de Camagüey, en Cuba, se habría fugado vía México a la isla.
Los miles de casos de violencia doméstica denunciados ante la policía de Miami-Dade son investigados por un equipo de 12 detectives. Hace cinco años, el grupo policial estaba integrado por una treintena de agentes, pero el personal fue reduciéndose por los progresivos recortes presupuestales, de acuerdo con fuentes policiales consultadas por el Nuevo Herald.
“Pienso que el volumen [de casos] es muy alto y hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos”, dijo el sargento Armando Planas, a cargo de un grupo de detectives de esa Unidad de Violencia Doméstica (UVD) de la policía condal.
La detective Jennifer Capote, actual portavoz de la policía condal, asegura que en los casi nueve años que ha investigado cientos de casos de violencia doméstica, apenas cinco de los que tuvo a su cargo llegaron a las cortes.
Capote dijo que, aparte del trabajo de los policías, es necesario reforzar las medidas de prevención, como campañas de concientización sobre un fenómeno que crece y se complica.
“Cuando las víctimas son citadas por la Fiscalía a declarar sobre sus casos, la mayoría decide no cooperar”, dice Capote. “Algunas piensan que no recibirán ayuda o que no les van a creer, por ejemplo, por ser indocumentadas”.
Una sudamericana indocumentada establecida en el suroeste de Miami-Dade dijo a el Nuevo Herald que guardó silencio sobre los abusos que durante dos años sufrió a manos de su pareja: un funcionario público.
La víctima pidió ser identificada para este reportaje solo como Verónica por temor a represalias. Verónica también solicitó mantener la identidad del funcionario en el anonimato para evitar nuevas agresiones. Este caso de violencia doméstica fue confirmado por la policía de Miami-Dade. El funcionario fue destituido de su cargo.
Sobre Verónica pendía una orden de deportación y el funcionario lo sabía. Pero lo que más le preocupaba a ella era el futuro de sus dos hijos menores.
“El miedo que sentía era que me arrestaran [...] yo no tengo familia aquí, entonces quién se quedaría con mis hijos”, dijo Verónica en la primera entrevista que ofrece a la prensa. “Uno sabe cuándo empieza un caso, pero no cuándo termina. Entonces, si demoraba dos o tres años detenida en una prisión, dónde iban a estar ellos todo ese tiempo”.
Verónica dijo que hace ocho años no continuó con una denuncia inicial, pero después de una segunda agresión reportó el caso ante la Policía de Miami-Dade.
Los detectives de la UVD de la Policía de Miami-Dade investigaron de manera firme el caso de Verónica a pesar de que involucraba a un funcionario público. Además, los detectives le gestionaron a Verónica la visa U, la cual es otorgada a víctimas de crímenes como el de violencia doméstica. Tras ser beneficiada con esa visa, Verónica rehizo su vida y actualmente mantiene otra relación con la que dice sentirse feliz.
En medio de la avalancha de casos, los detectives de la UVD han actualizado el boletín de Duarte, ahora de 35 años, como uno de los hombres más buscados por el intento de asesinato.
Su víctima, Milanés, hizo un llamado a la comunidad en busca de justicia.
“Cada año, cuando se acerca mi cumpleaños, mis hijos me dicen que debo llamar a la policía. Ellos sienten miedo de que él regrese para volver a dispararme”, dijo Milanés. “Por eso le pido a la comunidad que informen de cualquier pista a las autoridades. Sólo así podremos evitar que haya una nueva víctima”.
Siga a Enrique Flor en Twitter: @kikeflor
Denuncie y busque ayuda
▪ Para reportar abuso doméstico puede comunicarse con el número de la policía de su ciudad. Si es una emergencia debe llamar al 911.
▪ Contactar a la unidad de víctimas especiales de Miami-Dade al 305-476-5423.
▪ Reportar incidentes de manera anónima, en la línea de Alto al Crimen, al 305-471-TIPS (8477) o visite www.crimestoppersmiami.com.
▪ Si es víctima de violencia doméstica y desea presentar cargos contra el agresor, llame a la Fiscalía Estatal al 305-547-0150.
▪ Línea Nacional de Ayuda para la Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE (7233), para una guía de recursos de apoyo.
▪ Centro de Coordinación para Asistencia a las Víctimas del condado Miami-Dade en 2400 South Dixie Hwy, 305-285-5900.
Violencia doméstica en el sur de la Florida
Viernes 18: El fenómeno de la violencia doméstica en la ciudad de Hialeah va en aumento. Los casos reportados en el 2014 sumaron 899, un 11 por ciento más que en el año anterior.
Domingo 20: Muchas de las mujeres que realizan labores como trabajadoras del hogar, en su mayoría inmigrantes indocumentadas, son víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica. De acuerdo con cifras de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA) hay unas 95,000 empleadas de esa industria en el sur de la Florida.
Miércoles 23: Saliendo adelante. Un grupo de mujeres de Miami, sobrevivientes de violencia domestica, han creado una cooperativa de producción de artesanías para lograr la independencia económica.
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Asfixiado por la aguda crisis de liquidez, el régimen de Nicolás Maduro ya entró en default con el sector privado y los mercados señalan como una posibilidad que declare una moratoria sobre la deuda soberana el año que viene si no mejoran los precios del petróleo.
Pero Maduro haría lo imposible por cumplir con las obligaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluso si eso significa rematar lo que queda de las reservas internacionales y condenar a millones de venezolanos a pasar hambre.
Analistas consultados dijeron que un eventual incumplimiento de los bonos de PDVSA propinaría un golpe devastador a la atribulada economía venezolana, al poner en riesgo no solamente los activos que la empresa estatal aún tiene en el exterior sino también su capacidad de exportar crudo, producto que genera el 95 por ciento de los dólares que ingresan al país.
“Sería el fin. En el momento en que haya una moratoria de deuda de PDVSA, se cae absolutamente todo, incluyendo el propio gobierno”, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Global Insight.
Otros expertos coincidieron en que una moratoria de deuda de PDVSA podría llegar a tener consecuencias mucho más severas que las que en el pasado tuvieron las moratorias de Argentina y Ecuador, dadas la inmensa dependencia de la economía venezolana de su industria petrolera y la posibilidad de que los esfuerzos de los tenedores de deuda de congelar los activos de la compañía en el exterior terminen paralizando sus exportaciones de crudo.
Y la amenaza de que eso ocurra es ahora discutida abiertamente en los mercados financieros internacionales, donde ya algunos bonos venezolanos se negocian al 30 por ciento de su valor facial, nivel que refleja la expectativa de que el país entrará en una moratoria de deuda.
La caída de los precios del petróleo, y las proyecciones de que estos seguirán deprimidos a lo largo del 2016, ha llevado a algunas firmas de Wall Street ha advertir que el riesgo de moratoria de deuda es ahora substancial, particularmente ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro de aplicar los correctivos económicos que requiere el país sudamericano.
“Venezuela y PDVSA probablemente pagarán sus obligaciones hasta el primer trimestre del 2016, con la amortización [de la emisión] VE16. [Pero] en ausencia de reformas estructurales, los siguientes pagos van a depender de los precios del petróleo y de la disposición de China de mantener, o de incrementar, su nivel de exposición en Venezuela”, advirtió un informe de Barclays Capital, unidad del banco de inversión Barclays.
Alejandro Grisanti, uno de los autores del informe de Barclays Capital, dijo desde Nueva York en una entrevista telefónica que el escenario financiero de Venezuela no luce alentador. El barril de petróleo fluctúa por debajo de los $45 el barril, menos de la mitad de los $95 en que se encontraba hace un año.
El que Venezuela logre pagar sus obligaciones va a depender “del mercado petrolero y de China, pero no de cualquier desembolso chino”, explicó Grisanti, al señalar que el último anuncio realizado por Maduro sobre la disposición del gobierno de Pequín de invertir otros $5,000 millones en la industria petrolera del país, no alejan el riesgo de una moratoria de deuda.
Lo que se necesita es una inyección directa de liquidez, de grandes proporciones, que el régimen pueda manejar a sus anchas para pagar deuda y para importar los alimentos que requiere el país para comenzar a paliar la grave crisis de escasez por la que atraviesa, agregó.
“Seguimos creyendo que Venezuela y PDVSA pagan sus obligaciones en el 2015, y que posiblemente paguen también el vencimiento del bono soberano Venezuela 16, que es en febrero del año que viene. Pero van a tener dificultades para honrar los compromisos o las amortizaciones que tienen a finales de octubre y de noviembre del 2016”, señaló Grisanti, director gerente y jefe de la Unidad de Investigaciones de América Latina de Barclays.
Se tratan de $3,100 millones en obligaciones de PDVSA que vencen en la última semana de octubre y a principios de noviembre del 2016.
Según estimaciones del mercado, las obligaciones de deuda derivadas de las emisiones de bonos de la República y de PDVSA suman cerca de $10,200 millones el próximo año, cerca de $5,900 millones de ellos correspondiendo a la estatal petrolera.
Esos montos lucían llevaderos hace un año, pero ya no tanto, ahora que los precios del petróleo han caído a menos de la mitad, dijo Russell M. Dallen, socio gerente de Latinvest Group Holdings.
Este año, el régimen de Maduro se ha visto obligado a rematar los activos del país en el exterior, incluyendo la deuda petrolera que Jamaica y República Dominicana tenían con Venezuela por el envío subsidiado de crudo a través de Petrocaribe, el empeño de las reservas internacionales del país en oro, la liquidación de los derechos especiales de giro del país ante el FMI, y un masivo endeudamiento adquirido por la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, luego que fracasara un intento inicial de venderla.
Pero el país ya se está quedando sin joyas para rematar, dijo Dallen.
“Hay algunos que pensamos en el mercado, y estamos viendo algo de esto en la manera en que se comportan los bonos. Es posible que ellos entren en moratoria de deuda en los bonos soberanos y no en los de PDVSA, como una medida intermedia, y que en vez de dejar que PDVSA no pague, porque eso pone en riesgo sus tanqueros y las instalaciones de PDVSA, podrían solo incumplir con los bonos soberanos, pensando que eso les daría a los activos de la petrolera algo de protección”, señaló Dallen desde Miami.
Sería una estrategia basada en la tesis de que los activos de PDVSA serían menos vulnerables a ser embargados por los tenedores de bonos de la República que por los dueños de la deuda de la propia empresa petrolera.
Pero sería una estrategia que terminaría siendo puesta a prueba en las cortes, como sucedió con la moratoria de deuda declarada por Argentina en la década pasada, proceso que aún se está ventilando en las cortes.
El default argentino llevó a una serie de fondos de cobertura a introducir recursos legales para embargar las propiedades de la república sudamericana en el exterior, en un intento por recuperar parte del valor facial de los bonos que habían adquirido.
Llamados “fondos buitres” por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, los fondos de cobertura embargaron en Ghana el buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, y trataron de evitar que el país lanzara un par de satélites. Otros acreedores intentaron decomisar el avión presidencial en el 2007.
Prácticas como estas podrían ser emprendidas contra PDVSA el próximo año y no solo por los tenedores de bonos venezolanos después de un eventual moratoria de deuda.
“También están las expropiaciones de las instalaciones en Venezuela de Exxon-Mobil, las expropiaciones de Conoco-Phillips, por un valor de $4,500 millones, las expropriaciones de Gold Reserve, que ya perdieron, y a quienes les deben $750 millones, y Owen Illinois, que son otros $450 millones”, advirtió Dallen.
El régimen bolivariano ya perdió algunos de esos casos en los procesos de arbitraje y es muy posible que muchos de ellos terminen traduciéndose en medidas de embargo contra los activos de Venezuela en el exterior para el próximo año.
Y como si esto fuese poco, el régimen también le debe miles de millones de dólares al sector privado venezolano por dólares concedido en licitaciones en el pasado para operaciones de importación y por servicios suministrados a PDVSA.
“Ellos son unos malabaristas que no dan abasto porque ya tienen muchas pelotas en el aire, y ahora les están tirando más. En algún momento van a comenzar a dejarlas caer”, comentó Dallen.
Pero la deuda de PDVSA sería una pelota petrolera que dejarían caer, señaló desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma Inter-American Trends.
“Ellos saben que no pueden dejar que PDVSA entre en moratoria de deuda. Si eso sucede, se les cae todo el modelo porque los ingresos petroleros podrían verse comprometidos”.
Pero los bajos precios del petróleo sumado al hecho de que el régimen ya no tiene muchos activos por vender en el exterior le dejan muy pocas opciones para enfrentar la tormenta.
“Se van a comer todas las reservas internacionales”, dijo De La Cruz. “Y si el mercado petrolero no mejora, van a dejar de vender dólares al sector privado, quizás con muy contadas excepciones”.
En cierta manera, el régimen ya había comenzado a echar mano a las reservas, las cuales en cuestión de meses han bajado desde más de $22,000 millones a los $17,000 millones en que se encontraban a inicios de septiembre, al tiempo que las entregas de dólares a los importadores privados ya se encuentran en niveles críticos.
Pero el sector privado quedaría totalmente excluido en las otorgación de dólares para el proximo año, lo que convertiría al Estado en el importador casi exclusivo del país, y este estaría abocado a importar solo alimentos para los mercados populares, perjudicando principalmente los suministros de alimentos a las tiendas frecuentadas por la clase media.
Tampoco habría cantidades de dólares disponibles para importar productos electrónicos o electrodomésticos, o materia prima para alimentar las pocas fábricas que continúan operando en el país.
Los problemas de desabastecimiento –propiciados por el colapso del modelo económico del chavismo– actualmente condena a millones de venezolanos a pasar largas horas de tienda en tienda y en largas colas para adquirir los productos más básicos.
Pero lo que se vislumbra para el próximo año es una situación mucho más grave, advirtió De La Cruz.
Un mayor acaparamiento de los dólares por parte del gobierno podría conducir a “una crisis social, pero ya no les quedan muchas más opciones”, dijo De La Cruz, al resaltar que la renta petrolera de este año apenas alcanzará unos $19,000 millones, monto que es apenas una fracción de los $30,000 millones en productos que fueron importados el año pasado.
Con proyecciones de que los ingresos continuarán en niveles similares para el próximo año, los más de $10,000 millones en vencimientos de bonos lucen como una carga muy pesada, señaló.
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Por años, agentes de policía han tenido acceso sin restricciones a un cuarto de evidencias del Departamento de Policía de Sweetwater.
Los policías no documentaban sus entradas o salidas del cuarto y las cámaras de vigilancia que debían registrar la actividad alrededor y dentro del mismo estaban dañadas o enfocando hacia la pared.
Durante ese tiempo, botellas de licor fueron misteriosamente llenadas con agua, y decenas de miles de dólares desaparecieron. También desaparecieron 19 armas de fuego, 19 bicicletas, y archivos de personal.
En total, 7,877 artículos desaparecieron del pequeño cuarto en el lado opuesto del pasillo que lleva a la oficina del jefe de policial, de acuerdo con una auditoría realizada por la Policía Estatal FDLE que abarca actividad en Sweetwater entre el 2010 y el 2015.
La auditoría también reveló que:
▪ La evidencia no estaba siendo documentada ni registrada apropiadamente.
▪ Había una lista incompleta de los recibos y faltaban números de casos.
▪ Y no era rigurosamente aplicado un control interno tan simple como asegurarse de que dos agentes estuvieran presentes en el cuarto al mismo tiempo, siempre que necesitaran entrar allí.
Hasta el momento, ningún caso en las cortes se ha visto afectado por la evidencia faltante. Pero los resultados de la auditoria podrían comprometer casos futuros, de acuerdo con el jefe interino de la Policía Plácido Díaz. Y en al menos un caso, un hombre al que le confiscaron más de $5,000 y quiere su dinero de vuelta, no lo recibirá por ahora, dijo Díaz.
“Considero los artículos como propiedad robada a menos que los encuentre”, dijo Díaz en una conferencia de prensa el miércoles en el ayuntamiento. “Si se trata de casos delictivos, los trataremos como tal. Si se trata de violaciones administrativas las trataremos como tal”.
Díaz dijo que la ciudad tiene los números de serie para la mayoría de las armas desaparecidas. Si alguna de las armas es utilizada para cometer un delito en otra ciudad, Sweetwater la puede rastrear a través de una base de datos federal.
Durante la conferencia de prensa el miércoles el alcalde de Sweetwater Orlando López que los artículos muy probablemente habían sido robados por agentes de la policía.
“Nadie más tuvo acceso a la propiedad”, dijo López.
Muchos detalles de la auditoría de FDLE no se han hecho públicos, ya que la agencia se ha negado a entregar el reporte mediante un pedido de registros, citando una exención llamada “inteligencia activa”.
En ese caso, la agencia está protegiendo los nombres de las personas que aparecen en el informe y que estarían siendo investigadas. Una fuente familiarizada con el reporte dijo que el departamento de policía y otra agencia del orden están realizando las investigaciones.
El reporte de la auditoría es de 500 páginas, de acuerdo con funcionarios de Sweetwater. Díaz dijo que él solicitó la investigación a principios de junio y fue concluida a finales de julio. Toda la información que ha sido publicada sobre la auditoria fue hecha pública por Díaz y López, quienes también entregaron a la prensa un resumen de dos paginas de los hallazgos, que revela como se investigó y cifras de los objetos desaparecidos.
Díaz, quien fue nombrado jefe interino por López en mayo, dijo que ya ha instituido controles para detener las irregularidades en la sala de evidencias. De todos modos, ha ordenado que cualquier nueva evidencia sea almacenada en el Departamento de Policía de Miami-Dade hasta que se aclare el caso de las desapariciones.
El jefe policial asignó al agente Ciro Pineda para supervisar el salón de evidencia, y encargarse de las entradas y salidas del mismo. El cuarto es de unos 10 pies de ancho por 30 pies de largo y cuenta con estantes de madera, una caja fuerte para los objetos de valor y dinero, y una jaula para las armas. También cuenta con un sistema de alarma y cámaras de vigilancia.
Hasta octubre de 2013, el cuarto de evidencias fue supervisado por el agente de Sweetwater Catalino Rodríguez, quien presentó su renuncia la misma noche que fue nombrado a un puesto en la Comisión. En los dos últimos años el cuarto era supervisado por un empleado civil.
La auditoria pone en blanco y negro parte de la escandalosa información que salió a la luz en el 2013, tras el arresto de el ex alcalde Manuel “Manny” Maroño en un caso federal de corrupción pública. Maroño se declaró culpable y cumple una condena de tres años. Desde entonces varios policías han sido separados de sus funciones, arrestados y –al menos uno— sentenciado en una corte federal por otro caso de cometer delitos en su función oficial.
Poco después del arresto de Maroño, en octubre de 2013, el jefe de policía Roberto Fulgueira renunció en medio de investigaciones estatales y federales sobre corrupción pública y violaciones de los derechos civiles. Fulgueira había liderado el Departamento durante ocho años.
Por ese entonces se dio a conocer la existencia de un cuarto de evidencia paralelo al salón oficial, en un almacén a una cuadra del Departamento de Policía, en el que un grupo de detectives habría almacenado ropa, carteras de lujo y maquinas para detectar dinero falso. Una semana después, el entonces alcalde José M. Díaz admitió en una conferencia de prensa, que el FBI estaba investigando la desaparición de miles de dólares de un cuarto de evidencia clandestino, del que solo algunos agentes tenían conocimiento.
El Nuevo Herald documentó varios casos de personas que habían sido arrestadas por la policía de Sweetwater y reclamaban que sus viviendas habían sido saqueadas por los agentes durante los arrestos.
Plácido Díaz dijo el miércoles que los artículos encontrados en el cuarto clandestino –que no son parte de la auditoría-- fueron eventualmente trasladados a un vagón.
“Metieron la propiedad en un trailer y lo sellaron con cuatro tornillos”, dijo Díaz. “Esa tampoco es la forma correcta de hacerlo”.
Siga a Brenda Medina y a Charles Rabin en Twitter: @BrendaMedinar y @ChuckRabin
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Un 30% de los niños más pequeños de Miami-Dade viven en la pobreza, un dato que revela la enorme diferencia que hay en un condado donde los residentes más pobres ganan menos de $170 a la semana.
Las conclusiones de un nuevo análisis sobre el condado a partir de datos tomados del Censo Nacional no hacen sino afirmar todavía más que Miami-Dade es un notable ejemplo de la gran división que existe en los ingresos de los residentes: en el 2013 la quinta parte más rica de la población ganó un promedio de $176,876 al año, mientras el ingreso de la quinta parte más pobre fue de $8,829.
“El nivel extremo de desigualdad ha aumentado desmesuradamente”, dijo Robert Hesler, autor del reporte titulado Income & Poverty in Miami-Dade County: 2013 (Ingreso y Pobreza en el Condado Miami-Dade County: 2013).
El astronómico costo de los alquileres, la falta de transporte público y el alto costo de los préstamos estudiantiles contribuyen a que los residentes con bajos salarios de Miami-Dade sigan en la pobreza, dijo por su parte Alayne Unterberger, investigadora de Política Social y Económica de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) quien no participó en el trabajo. Unterberger dijo que una de las mayores atracciones del área, su importancia como destino de vacaciones, se agrega a las barreras que separan a los residentes más pobres de la clase media.
“La economía del sur de la Florida está más enfocada en los servicios, el turismo y la industria de la construcción que en la creación de empleos fijos con beneficios”, dijo Unterberger.
La División de Investigaciones Económicas de Miami-Dade realizó el reporte, el primero de tres donde se analiza el estado de pobreza del condado. Entre las conclusiones que llegó están:
▪ Aproximadamente uno de cada cinco hogares en Miami-Dade viven en la pobreza. Esa definición se hace tomando en cuenta ingresos de menos de $23,625 anuales para una familia de cuatro. En total, cerca de los 541,000 residentes de Miami-Dade, de una población de 2.5 millones, viven en la pobreza.
▪ Miami-Dade encabeza la escala de la pobreza a nivel nacional. Con el 21% del total de residentes en la pobreza, Miami-Dade tiene una tasa de pobreza más alta que los 257 condados del país, salvo 26 de ellos, cuyas poblaciones sobrepasan los 250,000 habitantes.
“La mayoría de la población no entiende que hay grandes grupos de personas en Estados Unidos que no tienen suficiente dinero para pagar las cosas básicas, es decir, el techo, la electricidad y la comida”, dijo Patricia Robbins, principal ejecutiva de la organización caritativa de Homestead Farm Share, la cual se encarga de distribuir alimentos a los necesitados. “Tratan de pagar la casa, después la electricidad. Lo último es la comida”.
▪ Sólo alrededor del 40% de la población del condado gana para vivir cómodamente. El estudio considera que un “ingreso para vivir” es de $54,100 anuales, básicamente lo que le hace falta a una familia de tres para ser considerada estable financieramente. Un 60% de los hogares no llegan a esa cifra.
▪ La población afroamericana de Miami-Dade tiene el problema más grave. La tasa de pobreza de los residentes negros fue de 29%, más baja en comparación con el 21% para los hispanos y el 12% para los blancos no hispanos.
▪ Cerca de 149,000 niños vivían en la pobreza en Miami-Dade en 2013. Se trata de una tasa de pobreza de 27% en cuanto a residentes menores de 18 años. A medida que los niños crecen, menos posibilidades tienen de vivir en la pobreza. En lo que se refiere a niños de edad preescolar, según el informe, más de un 30% viven en la pobreza.
Hesler, coautor del reporte, dijo que le sorprendió mucho el gran número de niños que viven por debajo de la línea de pobreza. “Casi siempre hablamos del porcentaje de personas que viven en la pobreza”, dijo. “Pero, ¿qué es un por ciento?”.
Robbins, presidente de Farm Share, dijo que pudo comprobar la necesidad de recibir alimentos gratis tras la recesión nacional del 2007 al 2009. Agregó que el empeoramiento de la situación se debe probablemente a los costos cada vez más altos de los alimentos y otros renglones. Ello ha hecho que más familias acudan a eventos de distribución de alimentos que ha realizado Farm Share.
“Lo que más piden los niños es leche. Cualquier tipo les viene bien, regular o de almendra. Es evidente que los niños que vemos no comen lo suficiente. Están flacos y desgarbados”.
▪ El 20% más alto de la escala de ingresos se apropió de 55 centavos de cada dólar que se ganó en el 2013.
▪ A los vecinos del norte de Miami-Dade les va mejor con respecto al índice de la pobreza. En el Condado Broward, solamente el 14% de los hogares vivían en la pobreza. El Condado Palm Beach tiene una tasa de pobreza de menos de 13%.
Robert Cruz, economista y jefe del Departamento de Negocios del recinto Kendall del Miami Dade College (MDC), dijo que los altos costos de la vivienda no harán sino hacer más difícil aun poder salir de la pobreza. Cruz dijo que los datos del 2013 no tienen en cuenta los dos últimos dos años de los valores de bienes raíces, algo que también ha provocado el alza en los alquileres.
“Ganando la misma cantidad de dinero”, señaló Cruz, “la gente posiblemente va a empeorar”.
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Colosal. Gigantesca. Vastísima.
No hay otro modo de describir la propuesta de construir un canal interoceánico de 170 millas de longitud atravesando Nicaragua, y, aunque el plan ha sido recibido con un escepticismo general, poderosas fuerzas globales podrían asimismo dar viento en popa al proyecto.
Estas fuerzas incluyen el creciente poder económico de China, de la cual se sospecha está detrás de la propuesta, y la aparición de navíos en continuo crecimiento en los mares del mundo.
Ya han comenzado las obras preliminares, por un costo de cientos de millones de dólares. Se ha hecho el levantamiento catastral de las tierras, se han identificado las rutas, se ha comenzado las negociaciones con los dueños de los terrenos. Pero un profundo secreto continúa envolviendo el proyecto, cuyas ramificaciones son muy amplias. Decenas de miles de nicaragüenses serían desplazados, y cientos de millas cuadradas de terrenos se han entregado a la compañía china que tiene el contrato para construir el canal.
Otras ramificaciones pueden ser adivinadas: el impacto que el canal tendría en el medioambiente de Nicaragua todavía no se ha hecho público. Tampoco se han calculado las ramificaciones en el comercio mundial que traería consigo el paso por el pasaje interoceánico de navíos tan grandes que la mayoría de los puertos de Estados Unidos no pueden albergarlos.
Otra interrogante en ciernes: la manera en que podrá cambiar el equilibrio de poderes global cuando un canal construido y financiado por los chinos cruce un istmo que ha sido una zona casi exclusivamente estadounidense durante 200 años.
Sea cual sea el costo a largo plazo, y si sus partidarios logran conseguir el financiamiento —lo cual todavía no es seguro— la creación de lo que podría ser el mayor canal del mundo es sin duda alguna el proyecto de excavaciones a mayor escala de la era moderna.
Se necesitaría un ejército de 50,000 trabajadores para excavar una zanja de 90 pies de profundidad que atraviese toda Nicaragua. Los planes requieren más de 2,000 excavadores —algunas con ruedas más altas que el jugador más alto de la NBA— para abrirse paso rompiendo y desguazando terrenos de un lado a otro de Nicaragua, moviendo 5,000 millones de metros cúbicos de tierra, piedra y lodo.
“No ha habido un proyecto de ingeniería de esta magnitud, nunca”, dijo Bill Wild, asesor principal del proyecto de HKND Group, la firma radicada en Hong Kong que ganó una concesión de 50 años para construir y operar el canal.
En lo que el “dragón chino” entra a Centroamérica, tal vez es apropiado que sólo se pueda encontrar un equivalente aproximado de este proyecto en la Presa de las Tres Gargantas de China, el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo, terminado en el 2006. Esa presa, que abarca el río Yang-Tsé y obligó a la reubicación de mucho más de 1.1 millones de chinos a lo largo de un gigantesco embalse, usó más del doble del concreto que podría usarse en el canal nicaragüense.
“Pero somos 50 veces más grandes que Tres Gargantas en lo que se refiere a las excavaciones”, dijo Wild. “Tres Gargantas tuvo unos 100 millones (de metros cúbicos de materiales excavados). Nosotros nos proponemos excavar casi 100 millones al mes”.
Nada de lo que se ha construido recientemente en Estados Unidos se acerca, ni el Puente San Francisco-Oakland Bay ni el Big Dig de Boston.
¿Cuánta tierra hay que excavar exactamente?
▪ El material excavado, que se estima en unos 5,000 millones de metros cúbicos, llenaría 1,698 instalaciones del tamaño de Cowboys Stadium en Arlington, Texas.
▪ Sepultaría San Francisco (46.38 millas cuadradas) bajo una capa de tierra de 136 pies de altura.
▪ Cubriría todo Disney World (43 millas cuadradas) bajo una capa de material de 147 pies de alto. Solo quedaría expuesta la torre más alta del castillo de Cenicienta.
La compañía del canal no solamente necesitará huestes de maquinarias pesadas para excavar y llevarse los materiales. Los batallones de trabajadores necesitarán 400,000 toneladas de explosivos para penetrar la roca, y 1,500 millones de galones de diésel y combustible de calderas para mover esas maquinarias pesadas.
Los nicaragüenses han soñado con ese canal durante generaciones. También los estadounidenses, desde el principio de la Fiebre del Oro de California en 1849, cuando decenas de miles de estadounidenses viajaron en barcos de vapor a la desembocadura del río San Juan en la frontera sudeste de Nicaragua. Ellos viajaban río arriba, atravesaban el Lago Nicaragua y seguían hasta la costa del Pacífico para allí dirigirse en velero a California.
Casi a fines del siglo XIX, ingenieros estadounidenses estudiaron seriamente la posibilidad de construir un canal, haciendo medidas hidráulicas a lo largo del río y en el poco profundo Lago Nicaragua. Pero un sello de correos en que aparecía el volcán Momotombo en erupción —uno de los 19 volcanes activos de Nicaragua— intimidó a los legisladores de EEUU y los persuadió a construir el canal en Panamá.
Sin embargo, el sueño de Nicaragua nunca se extinguió. A lo largo de las décadas se hizo un puñado de otras propuestas. Pero no fue hasta que un cantante de ópera hizo un histórico viaje a Beijing a principios de la presente década que se renovaron las esperanzas. El cantante de ópera fue Laureano Ortega, uno de los hijos del presidente nicaragüense Daniel Ortega, ex comandante guerrillero en cuyo más reciente mandato se han visto mezclados los eslóganes populistas y antiimperialistas con políticas a favor de los negocios.
Ortega hijo, quien estudió en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, gusta de cantar papeles en óperas de Puccini y Verdi. Pero él cantó una canción diferente en ese viaje a Beijing. Él fue allí como asesor de ProNicaragua, una agencia oficial de promoción de inversiones.
“Él habló sobre la posibilidad del canal, y ellos se mostraron muy interesados”, dijo Manuel Coronel Kautz, jefe de la Autoridad del Canal de Nicaragua. Funcionarios chinos enviaron a Laureano Ortega a ver al ministro de Infraestructura y a autoridades del Banco de China, donde le dijeron que magnates del sector privado aceptarían la iniciativa.
Ellos entregaron una lista a Laureano Ortega. En la lista estaba el nombre de Wang Jing, multimillonario magnate de las telecomunicaciones con poderosos contactos en el Partido Comunista de China y supuestos lazos con el Ejército Popular de Liberación. Se acordó un encuentro entre ellos.
Así comenzaron las negociaciones que culminaron en junio del 2013, cuando la Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó una concesión de 50 años para la empresa de Wang, HKND Group, para construir y operar un canal transoceánico, dos puertos, una zona de libre comercio, un aeropuerto, centros turísticos y otros proyectos.
La concesión, que puede ser renovada para otro medio siglo, da a Nicaragua el derecho de 1 por ciento de participación de propiedad el año en que el canal comience a operar, subiendo en 1 por ciento cada año hasta que sea dueña de la mitad del proyecto en 50 años.
El gobierno de China afirma que ellos no tienen nada que ver con el proyecto, y técnicamente eso es correcto. Pero algunas de las mayores empresas propiedad del gobierno chino están participando como contratistas, y ellas están subordinadas al Partido Comunista de China.
Daniel Ortega y su Frente Sandinista van viento en popa con todo lo que se habla sobre el próximo boom. El cincuenta y tres por ciento de los nicaragüenses apoyan a Ortega, lo cual hace de él uno de los presidentes más populares de América Latina, de acuerdo con una encuesta de CID-Gallup dada a conocer a finales de mayo.
Casi todas las palancas del poder están en sus manos. Ortega controla el Congreso, el consejo electoral, la Corte Suprema, el ejército, la policía, y gran parte de los medios de prensa. La atmósfera es gélida para los oponentes, en especial para aquellos que hacen preguntas sobre el canal, los cuales no reciben respuesta.
El octogenario poeta Ernesto Cardenal, ministro de cultura sandinista en la década de 1980 y acerbo oponente de Ortega en la actualidad, afirma que la propuesta del canal es una “monstruosidad”.
A los propietarios de negocios les preocupa la expropiación de terrenos y los daños medioambientales que podrían tener lugar con la construcción del canal. Algunos reconocen asimismo la manera en que el canal podría transformar al país.
“Va a haber más beneficios para nicaragua si se construye el canal que si no se construye el canal”, dijo Michael Healy Lacayo, jefe de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, el grupo agrario más importante de la nación. “En estos momentos, tenemos un crecimiento estable del 4 o 4.5 por ciento al año. Tras construir el canal, podríamos crecer alrededor de 9 o 10 por ciento al año”.
“Uno tiene que darse cuenta de que Nicaragua ha sido considerada el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe después de Haití”, dijo Telémaco Talavera Siles, rector de universidad que es el vocero oficial del proyecto del canal.
“Tenemos que dar un salto. Y, para este salto, necesitamos proyectos grandiosos y transformadores”, añadió Talavera.
El canal y sus empresas afiliadas, una vez que estén operando plenamente, emplearían a 200,000 personas en trabajos directos e indirectos, afirmó Talavera. El proyecto prevé una enorme zona de libre comercio donde unos 5,000 negocios operarían en fabricación, logística y envíos, los cuales darían empleo a 113,000 personas.
Con toda esa actividad, la magnitud de la economía de Nicaragua aumentaría al doble, a unos $25,000 millones al año, agregó.
Excavar el canal, no obstante, dejará cicatrices. Según la concesión, la compañía de Hong Kong tendría derecho a 633 millas cuadradas de tierras para el canal, los proyectos asociados y un lago artificial, aunque una portavoz, Liliana Li, dijo que es probable que solamente se usen solamente 424 millas cuadradas. Aun así, se trata de una extensión considerable de terrenos, equivalente a casi 19 veces el área de Manhattan en Nueva York.
Científicos afirman que no se han hecho suficientes estudios sobre las posibles consecuencias de la construcción del canal.
“Si navíos de gran tamaño pasan por el Lago Nicaragua, ¿qué impacto tendrá eso?”, preguntó Jorge Huete-Pérez, biólogo molecular y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua. “¿Inhibirá el canal los movimientos de mamíferos en peligro de extinción?”
Huete-Pérez señaló que la ruta propuesta para el canal, de Brito en la costa del Pacífico al delta del río Punta Gorda en el lado del Caribe abarca “un área clave de biodiversidad global”. El Lago Nicaragua, en particular, representa un lugar único en la evolución de los peces de agua dulce.
El lago daba un albergue de agua dulce a tiburones sarda que subían por el río San Juan, y a peces sierra de aspecto prehistórico. Ambas especies han desaparecido.
Coronel, el vivaz jefe de la autoridad del canal de 82 años, quien creció cerca de la confluencia del río y el lago, saltó en su silla cuando le preguntaron si había visto tiburones cuando era joven.
“¡Hombre!”, dijo. “Nos íbamos a pescar tiburones y amarrábamos tres, cuatro o cinco al día en algunas temporadas”.
Los peces sierra sacados del lago podían medir entre 7 y 10 pies de largo, dijo, y las selvas y ciénagas albergaban todo tipo de jaguares, tapires, armadillos, anaconda y osos hormigueros gigantes.
Colonos y pobladores han echado abajo gran parte de esa selva para establecer ranchos de ganado. Se cree que Nicaragua está perdiendo 270 millas cuadradas de zonas forestales al año.
Entonces, ¿qué es peor? La destrucción azarosa y a paso lento de los colonos, o la cuchillada de un enorme canal cruzando el istmo? La compañía del canal afirma que la respuesta está en un estudio a gran escala del impacto medioambiental y social del proyecto que ellos entregaron a Nicaragua en una ceremonia celebrada el 31 de mayo. El estudio, el cual abarca 14 volúmenes que contienen 11,000 páginas de texto y diagramas, no se ha hecho público hasta el momento.
Un viaje a lo largo de la ruta propuesta para el canal reveló que las áreas boscosas son ahora raras. En gran parte del sudeste de Nicaragua, las sierras eléctricas son las que hablan, incluso en los vedados naturales de Cerro Silva y Punta Gorda.
La actividad se haría frenética a medida que la compañía del canal construya nueve campamentos para trabajadores, cada uno de los cuales albergaría a unos 5,400 empleados, a lo largo de la ruta propuesta para el canal. El acceso a los campamentos estaría prohibido para el personal no autorizado. La compañía planea exigir rigurosas pruebas de drogas y alcohol a todos los empleados en los campamentos, los cuales serán probablemente una gran mezcla de Occidente y el Oriente.
Unos 12,500 jornaleros chinos trabajarían conjuntamente con tres veces más obreros de Nicaragua y otras partes del mundo. La compañía dijo que prohibirá “el comercio informal, la ocupación ilegal y la prostitución dentro de los campamentos de trabajadores”, pero Coronel dijo que los prostíbulos prosperarían en los alrededores.
“Donde trabajan los nicaragüenses, pasa de todo… La prostitución va a estar por la libre. Yo lo sé perfectamente. Yo trabajaba antes en un central azucarero, y ellos pagaban cada 15 días, a 2,000 personas. Y había dos o tres lugares especiales”, dijo.
Los turnos durarían 12 horas, y los trabajadores saldrían de descanso después de trabajar de dos a seis semanas sin parar. Las excavaciones no pararían. Las montañas de materiales excavados serían echadas en 35 vertederos.
“No se pueden dejar como montañas a lo largo del proyecto”, dijo Wild, el asesor principal, que es australiano. De modo que los trabajadores amontonarían los materiales en mesas de superficie plana, reemplazarían la capa superficial del suelo, y crearían nuevas tierras de cultivo ligeramente inclinadas, dijo.
Al crear 69 millas cuadradas de vertederos y convertirlos en terrenos de cultivo cerca de la ruta del canal, afirmó Wild, se perderían áreas boscosas. Pero HKND Group se ha comprometido en público a que el impacto medioambiental neto del canal sería positivo. Wild dijo que planea “una cantidad enorme de reforestación a lo largo de la ruta del canal”.
Ya hay trabajadores construyendo caminos de acceso y perforando nuevos pozos, incluso antes de que Nicaragua haya aprobado el estudio de impacto medioambiental. Las excavaciones como tal deberán comenzar a fines de este año, según funcionarios.
El apuro y el secreto se han convertido en características que definen el proyecto.
Wang ha prometido terminar el canal para el 2020.
“Wang Jing está apurado”, dijo Coronel, el jefe de la autoridad del canal, señalando que consultores han sugerido que se necesitarán entre 8 y 10 años para completar el proyecto.
“Cuando Wang Jing vino y yo le dije que serían 10 años, él se levantó y me dijo: ‘¡No! ¡Diez años! No puede ser’”, recordó Coronel. “De modo que yo le pregunté: ¿qué tiempo? Él me dijo: “Cinco’. De modo que yo me levanté y le dije: ‘¡No! No puede ser’. Así que nos sentamos, y él me dijo: ‘Ah, usted no conoce China. . . . ¿Usted tiene un problema técnico? Yo le traigo 1,500 ingenieros mañana’”.
Han salido a la superficie escasos detalles sobre cómo la compañía planea ponerse de acuerdo con las personas que tienen que ser reubicadas. La portavoz de HKND Li dijo que la compensación sería razonable.
“Para todos los residentes en el área de construcción, con o sin títulos de propiedad, el problema de la tierra se resolverá de modo justo y satisfactorio”, dijo Li en un correo electrónico.
Cuarenta y cuatro marchas de protesta en contra del proyecto se han llevado a cabo a lo largo de la ruta. Algunas han llegado a la violencia, pues la policía las ha reprimido causando lesiones, y los opositores del canal han expresado tener miedo.
“Yo sé que ellos están escuchando mi teléfono”, dijo Franklin Briceño Martínez, activista medioambiental de San Miguelito, en la orilla este del Lago Nicaragua.
Briceño pasó 10 años en el Ejército Popular Sandinista y todavía se considera un sandinista, miembro del partido revolucionario que Ortega dirigía cuando derrocó una dictadura militar y cumplió su primer mandato como presidente de Nicaragua. Pero Briceño ya no está de parte de Ortega y considera el canal como una cabeza de playa para la intervención china, reemplazando la intervención estadounidense temida durante tantas décadas.
“Estamos enfrentando una nueva colonización de parte de China. A China no sólo la trae aquí el canal”, dijo Briceño. “Nosotros no queremos la guerra. Pero tampoco queremos convertirnos en esclavos de una cultura asiática”.
Talavera, el vocero del canal, restó importancia a las preocupaciones sobre la influencia china. El recordó el papel jugado por EEUU en la construcción y la administración del Canal de Panamá durante cerca de un siglo, durante el cual la Zona del Canal de Panamá estuvo en gran medida prohibida a los panameños.
“Los panameños necesitaban un pasaporte o un documento especial para entrar”, dijo Talavera. “Las fuerzas militares allí eran las del Comando Sur de EEUU. Las leyes en vigor allí eran las leyes de EEUU… Los panameños no tenían voz ni voto en ninguna decisión allí”.
En contraste, dijo, “la policía nacional será la que brinde seguridad aquí, no la policía china. Aquellos que protegerán la soberanía no son (miembros del) ejército ruso como se ha dicho. Será el ejército nicaragüense. Y las leyes aquí son nicaragüenses. Los nicaragüenses serán libres de ir donde quieran”.
El gobierno de EEUU se ha mantenido por su mayor parte en silencio con relación al proyecto, aunque la Embajada de EEUU en Managua hizo público en enero un comunicado llamando al gobierno de Ortega a ofrecer mayor transparencia con respecto al canal.
Henry Kissinger, antiguo estadista estadounidense, pareció resumir la actitud de Washington en una entrevista que le hizo la revista china Caixin a fines de marzo.
“Ahora somos grandes países, ambos operaremos en todo el mundo. Estaremos lado a lado en algunos lugares, y en otros no estaremos lado a lado. No creo que ese sea el problema, y si China quiere gastar recursos en construir un canal en Nicaragua y no lo convierte en una base naval, lo cual es inconcebible, ¿por qué debería preocuparme eso?”, dijo Kissinger a la revista.
La manera en que Wang planea recaudar el dinero para financiar la construcción del canal continúa rodeada de misterio. Wang, cuya fortuna estima la revista Forbes en alrededor de $7,700 millones, tendría que recaudar fondos en otras partes. Su compañía ha dicho que pondrá un anuncio en una bolsa de valores. Ellos no han dicho dónde se pondrá el anuncio.
Un importante asesor del presidente Ortega, Bayardo Arce, sugirió a la prensa el 25 de mayo que el proyecto estaba en un respiro temporal. Él afirmó, de manera oblicua y con cierto aire molesto, que “todavía no han fondos depositados” para la construcción. El no dio detalles.
Abogados de Kirkland & Ellis, bufete legal de Chicago contratados por Wang, están alertando que habrá problemas con la propiedad a lo largo de la ruta del canal, dijo Coronel.
“Nadie es dueño claramente establecido de gran cantidad de los terrenos que serán afectados”, dijo. “En el registro civil no hay títulos de propiedad claros”.
De 15 a 20 abogados del gobierno se están apresurando a conceder títulos provisionales de propiedad de las tierras a colonos y rancheros, dijo Coronel. Entonces podrán comenzar las negociaciones sobre la compensación por las tierras. El afirmó que el problema de las tierras debería estar aclarado para el último trimestre del año, en anticipación a una oferta en la bolsa de valores.
“Cuatro, cinco o diez compañías chinas comprarán las acciones, y la cosa estará hecha”, dijo Coronel. “Problema resuelto. Si Alí Babá decide comprar, digamos, un millón de acciones, y luego la compañía de ferrocarriles compra otro millón, ¿por qué no?”
Sólo entonces comenzará la construcción como tal.
Ronald MacLean, político boliviano con un pedigree de Harvard que sirvió de vocero global a HKND Group hasta principios del presente año, dijo que Nicaragua sería transformada.
“Probablemente se convertirá en el país más próspero de Centroamérica. Ojala yo pudiera hacer lo mismo por Bolivia”, dijo MacLean.
“Muchas personas en Nicaragua están perdiendo la oportunidad de ver esto como una oportunidad grandiosa, única, que se da una vez en la vida”.
Brittany Peterson, de la oficina de Washington, contribuyó a este artículo, una de varios reportajes sobre el canal propuesto en Nicaragua que fueron financiadas por una subvención del Centro Pulitzer para el Periodismo de Crisis.
Correo electrónico: tjohnson@mcclatchydc.com; Twitter: @timjohnson4
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