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Venezuela

Rivera pagó millones a Gorrín en operación que unió al régimen con oposición venezolana

 

El ex legislador federal David Rivera, quien firmó en el 2017 un contrato millonario de cabildeo a favor de PDVSA, le dio parte de los $15 millones que obtuvo al magnate Raúl Gorrín, un cercano socio de la familia del gobernante Nicolás Maduro que enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero en Estados Unido, dijeron fuentes familiarizadas con el caso.

El pago formaba parte de un extraño arreglo que en un momento dado puso en el mismo bando al entonces encarcelado líder opositor Leopoldo López, mentor del presidente interino Juan Guaidó, con el régimen de Maduro, que para entonces buscaba ablandar la línea cada vez más dura del presidente Donald Trump hacia Caracas, agregaron las fuentes.

Rivera, quien se encuentra bajo investigación federal desde 2017, alega que el dinero que obtuvo se usó totalmente para financiar a la oposición y en particular para beneficiar al líder opositor Leopoldo López, quien para la época estaba encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas.

 

López y el equipo de Guaidó, ambos miembros del partido Voluntad Popular, han desmentido enérgicamente a Rivera, diciendo que las declaraciones del ex representante federal son absurdas.

Pero fuentes cercanas a la situación dijeron que Rivera está diciendo la verdad, al menos parte de ella, asegurando que la operación benefició a López y que el dirigente fue liberado de Ramo Verde a mediados de 2017, precisamente porque se había comprometido con el régimen a participar en los esfuerzos para convencer a la administración de Donald Trump sobre la necesidad de negociar una transición directamente con Maduro.

“La idea era ablandar al senador Marco Rubio —un cercano amigo de Rivera— para que dejara de presionar a favor de la aplicación de más sanciones, porque él era el funcionario que más solicitaba que las aplicaran”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser identificada.

Pero también se buscaba llegar hasta la Casa Blanca, e idealmente gestar un encuentro con el presidente Trump para propiciar un cambio en la política hacia Venezuela, agregó. Gorrín llegó a tener un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, quien para entonces también se pronunciaba con frecuencia sobre la destrucción de la democracia en Venezuela.

Entra David Rivera

Rivera, un republicano de Miami conocido por sus críticas a los regímenes socialistas de Cuba y de Venezuela, volvió a acaparar los titulares este mes tras conocerse que había sido demandado por incumplir con un contrato de cabildeo de $50 millones firmado con PDV USA, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Rivera solo recibió $15 millones del total estipulado antes de que el contrato se viniera abajo. Para finales de ese año, Rivera transfirió $4 millones de su firma de asesoría a la cuenta bancaria de una empresa de Miami vinculada con Gorrín, según dijeron varias fuentes familiarizadas con los pagos.

La firma del contrato ocurrió pocos meses antes que Rivera fuera visto junto a Gorrín en varios encuentros en los que el empresario venezolano abogaba a favor de convencer a la administración de Trump de negociar con Maduro una transición democrática en Venezuela.

Para ese entonces, Gorrín se vendía como el puente idóneo para lograr un entendimiento entre el régimen y la oposición, y disfrutaba en ocasiones de su mansión en Coral Gables, dado que aún no se le habían presentado los cargos que ahora lo convierten en un prófugo de la justicia estadounidense.

Gorrín está acusado por la fiscalía federal de Miami de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que desfalcaron al menos $1,000 millones de las arcas del estado venezolano.

En otro caso de corrupción, Gorrín es investigado por su presunta participación en una operación que sustrajo $600 millones de PDVSA, y parte de ese dinero fue canalizado a los hijastros de Maduro.

Bajo investigación federal

Rivera, quien ha sobrevivido otras pesquisas federales y estatales en el pasado, está nuevamente bajo investigación federal por su contrato con la petrolera venezolana. Esta vez la investigación de la fiscalía federal se ha centrado en la presunción de que Rivera no se inscribió como agente extranjero ante el Departamento de Justicia, además de sospecha de pagos de sobornos, fraude y lavado de dinero.

A través de su empresa, Interamerican Consulting, Rivera transfirió parte de los fondos que obtuvo de su contrato a Gorrín a través de la compañía Interglobal Yacht Management, LLC, con la que el empresario venezolano tenía una vinculación financiera hasta fue acusado formalmente en 2018.

Defendiéndose de las alegaciones de haber violado la ley al no inscribirse como agente extranjero —obligación exigida de todo individuo que aboga en Estados Unidos por los intereses de otro país— Rivera dice que su contrato era con PDV USA, una empresa estadounidense..

Pero expertos jurídicos alegan que independientemente de su estructura empresarial PDV USA era controlada al momento de la firma del contrato por el régimen de Maduro, muchos meses antes que quedara bajo control del equipo de Guaidó por efecto de las sanciones estadounidenses.

Según las fuentes consultadas, una de las firmas que aparecen en el contrato de Rivera pertenece a Guillermo Blanco, miembro del directorio de PDVSA, y que entre otras cosas el contrato establecía que la gestión de Rivera debía mejorar la reputación de la petrolera.

Rivera, de 54 años, no respondió a preguntas sobre cómo usó sus ingresos del contrato de PDV USA. Su abogado defensor, Roy Kahn, dijo el martes que no estaba al tanto de ninguna investigación federal sobre Rivera o su negocio de asesoría, y agregó que solo estaba siguiendo lo que su cliente le había dicho a los medios de comunicación: que usó sus ingresos del contrato para ayudar al partido de oposición derrocar al gobierno de Maduro.

Las transferencias

Rivera no solo desvió dinero a Gorrín, dijeron las fuentes.

Rivera, quien sirvió un solo período como representante federal, también usó parte de sus ingresos por el contrato para pagar $3.5 millones a la firma asesora de Esther Nuhfer, una recaudadora de fondos de Miami que había trabajado en las campañas políticas de Rivera. Nuhfer luego transfirió alrededor de $2 millones de esa cantidad de su negocio, Communications Solutions, a su cuenta bancaria personal, según las fuentes. Nuhfer declinó hacer declaraciones para este reportaje.

Rivera también retiró al menos $150,000 de su cuenta bancaria empresarial en Chase en Miami-Dade, dijeron las fuentes. Los retiros de Rivera se consideraron sospechosos porque hizo 15 de ellos por $10,000 cada uno, con lo cual no evita los requisitos de información de la Ley de Secreto Bancario cuando las transacciones exceden esa cifra.

Además de su cuenta bancaria en Chase, Rivera llamó la atención de los investigadores federales cuando viajó a Suiza y Austria para hablar con bancos extranjeros sobre la posibilidad de depositar dinero allí, según las fuentes. En el pasado, Rivera también tenía cuentas bancarias en México y Hong Kong, según los formularios de divulgación financiera.

Al momento de su contrato con la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, Rivera no solo dejó un rastro de transacciones bancarias que involucraban a su empresa de asesoría. También habló y envió mensajes de texto a diario a Rubio, según las fuentes.

Rubio, un crítico feroz del gobierno de Maduro, dijo que no estaba al tanto del contrato de Rivera con el gobierno venezolano hasta que se presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra el ex legislador a principios de este mes, según su oficina.

Rubio, quien una vez compartió una casa en Tallahassee con Rivera cuando ambos sirvieron en la Legislatura de Florida, también dijo que nunca discutió los esfuerzos de cabildeo de su amigo en nombre de PDVSA.

Según la demanda, Rivera redactó dos informes breves e infringió su contrato con PDV USA, lo que llevó al final de su relación contractual con la subsidiaria controlada por Venezuela en Estados Unidos. La filial estadounidense de PDVSA pagó a su empresa de asesoría los $15 millones entre el 21 de marzo y el 18 de abril de 2017.

Nace una idea en Caracas

No está claro cómo Rivera consiguió el contrato con la filial estadounidense de PDVSA o cómo fue que terminó trabajando con Gorrín, pero su objetivo era reunirse con miembros clave de la administración Trump para persuadirlos de que frenaran las declaradas intenciones de sancionar a PDVSA, que tradicionalmente ha sido la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Según fuentes familiarizadas con los esfuerzos de cabildeo, la idea surgió a inicios de 2017, cuando la entonces canciller Delcy Rodríguez, ahora vicepresidenta del régimen, buscaba una solución diplomática a la creciente hostilidad estadounidense bajo la administración Trump, que para entonces comenzaba a endurecer las sanciones, en parte debido a la recomendaciones de Rubio.

López, quien estaba en la prisión militar en las afueras de Caracas, vio en la situación una oportunidad y ofreció ayuda en promover un diálogo en Washington, dijeron las fuentes.

Rodríguez, que había estado buscando desesperadamente una solución, aceptó y asignó a Gorrín y a un grupo de ejecutivos de Citgo en Houston establecer la operación, según las fuentes.

Este esfuerzo eventualmente estableció al partido de López como la fuerza de oposición predominante en Estados Unidos, allanando el camino para que su protegido, Guaidó, fuera reconocido por la administración Trump como el líder legítimo de Venezuela.

De hecho, López fue liberado en julio de 2017 y puesto bajo arresto domiciliario, mientras Gorrín estaba trabajando con Rivera en Washington., vendiendo una estrategia de salida negociada para Maduro. Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence.

El día que López fue liberado, su esposa, Lilian Tintori, agradeció públicamente a Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, por liberarlo.

Rivera declaró al Miami Herald y a otros medios de comunicación que nada de esto habría sido posible sin su trabajo tras bambalinas a nombre del partido opositor, como canalizar millones de dólares a sus esfuerzos.

Pero el acuerdo entre Gorrín y Rivera no logró producir los resultados deseados. Las amenazas de sanciones estadounidenses continuaron intensificándose. En algún momento, el régimen de Maduro concluyó que lo habían estafado, lo que condujo al arresto de seis ejecutivos de Citgo en noviembre de 2017, dijeron las fuentes.

Después que la empresa de asesoría de Rivera fuera demandada a principios de este mes, el partido de Guaidó condenó las afirmaciones del ex legislador de que todo el tiempo había estado apoyando su causa para expulsar a Maduro del poder.

“Después de nuestra demanda, el congresista demandado ha decidido responder con acusaciones falsas, estrafalarias e inverosímiles en las cuales pretende desviar su responsabilidad involucrando al actual comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López, de conspirar en el 2017 junto a la antigua directiva de Citgo (filial de PDVSA) para dicho financiamiento”, declaró el equipo de Guaidó en un comunicado.

La versión de Rivera “no solo es imposible políticamente, sino también imposible físicamente dado que durante ese tiempo Leopoldo López estaba preso e incomunicado por la dictadura en la cárcel militar de Ramo Verde”, agregó.

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