El boom inmobiliario de Miami es titular de la prensa mundial.
Durante los últimos cuatro años el auge constructivo del sur de la Florida ha levantado más de 220 rascacielos, mayormente de lujo, y cerca de 30 millones de dólares han ido a parar a las arcas de la ciudad de Miami por concepto de impuestos de impacto (gastos sociales por nuevas construcciones).
Hace 10 años el Plan Maestro Miami 21 fue aprobado con bombos y platillos. Decían que favorecería la aparición de la ciudad del futuro, semejante a Manhattan o Chicago, un entorno favorable a los residentes, favoreciendo menos congestión de tráfico, impulsando la construcción de viviendas asequibles y preservando el medio ambiente. Una ciudad más bella, acogedora, habitable.
En particular, Miami 21 aseguraba la preservación de los vecindarios, introduciendo rigurosos códigos de zonificación que, no obstante, alentaban atractivos corredores donde se combinaba lo residencial con lo comercial. Miami 21 prometía ser un valladar contra el desbarajuste constructivo, la ilegalidad y la corrupción.
Sin presumir de perfecto, el plan concitó la admiración de arquitectos, sociólogos y líderes comunitarios del país.
Tristemente, hoy día el programa agoniza sin que la comunidad que le dedicó entusiasmo, tiempo y recursos sepa de su estado terminal.
Desde antes de su aprobación ya levantaba ojeriza entre los urbanizadores e inversionistas, que hasta entonces habían disfrutado del privilegio del laissez faire para construir y derribar a su antojo, a golpe de contribuciones de campaña, favores y fotos alegres.
Una vez aprobado, la ofensiva para desmontar Miami 21 tomó impulso. Una enmienda acá, una omisión aquí, una nueva ley ahí, una ilegalidad aquí, un ajuste acullá. Los políticos, a espaldas del público —a escondidas de los electores— parecen hacer caso omiso del plan al que solo se atreven a criticar en susurros y off the record.
El desparpajo ha sido tal, que a principios del 2015 el departamento de Planificación y Zonificación de Miami fue acusado de asesorar a una compañía sobre cómo evadir los requerimientos de Miami 21 respecto de un proyecto en Watson Island.
Así pues, no es de extrañar el surgimiento de conflictos.
En el 2013 los vecinos de Brickell lograron detener un plan que suponía la tala de 75 árboles. En el 2015 se enfrentaron inversionistas y vecinos en La Pequeña Habana a propósito de un intento de rezonificación. Un problema similar surgió en Overtown y más de 50 residentes llevaron su protesta al mismo ayuntamiento de Miami.
Hay otra disputa abierta. Vecinos del distrito 3, a cuyo cargo está el comisionado Frank Carollo, se oponen a una propuesta de cambio de zonificación para levantar un gigantesco edificio en Coral Way y la 13 avenida.
Varias audiencias rechazaron la petición, pero la empresa —1300 Coral Brickell LLC—, utilizó una firma millonaria de abogados para apelar y mover todos los hilos a su alcance durante cuatro meses. Entonces, durante la última audiencia todos los comisionados de la Ciudad de Miami votaron en primera lectura por favorecer el cambio de zonificación. Dentro de pocos días sabremos el resultado: con está serán siete las reuniones, un récord que refleja muy bien la intensa pugna entre bambalinas.
La inmensa mayoría de los propietarios y vecinos se opone al cambio de zonificación por las consecuencias negativas para el área, en términos de densidad poblacional, congestión de tráfico, ruido y polución y precedente para construcciones gigantes.
Organizaciones comunitarias, entre ellas Vizcaya Roads Homeowners Association y Silver Bluff Homeowners Association, les han respaldado. Sus presidentes, Luis Herrera y Beba Sardiña Mann, respectivamente, han liderado la protesta de los vecinos y fundamentado ante las autoridades los inconvenientes.
Miami Neighborhoods United, una coalición de 18 asociaciones, creada al calor de Miami 21 para preservar y proteger los vecindarios, dio también su apoyo a la demanda. Graciela Solares, su vicepresidenta, dijo que se oponen a “cualquier decisión que impacte negativamente la calidad de vida de los vecinos”. Graciela citó el consabido abuso de los inversionistas y la indiferencia —o complicidad— de los políticos y funcionarios, quienes han hecho caso omiso de los requisitos establecidos por Miami 21. Estima que un voto afirmativo de los comisionados sobre el cambio de zonificación “sería terrible para los propietarios y residentes”. Es de esperar que los miles de electores de las áreas de la coalición consideren este resultado y lo tengan presente en el momento del voto.
Vale aclarar que los residentes darían la bienvenida a un edificio a escala humana, coherente con el entorno. Pero el empresario ha descartado cambiar su proyecto y ha dejado claro que no perderá dinero reduciendo la cantidad de apartamentos. Precisamente, el cambio de zonificación le permitiría anchar la estructura para conseguirlo.
Quien tiene más que perder en este conflicto es el comisionado del distrito 3, Frank Carollo, quien ha ocupado dos términos, el último de los cuales fue ganado con amplia mayoría de votos y una abultada cartera de contribuciones de campaña. Se dice que considera presentarse a la alcaldía de la ciudad, luego de haber optado dos veces por el senado de la Florida.
Los comisionados de cualquier ciudad, como cuerpo legislativo, toman decisiones sobre leyes, reglamentos y códigos en beneficio de los ciudadanos. Se supone que un comisionado tenga un sólido conocimiento de sus distritos y de las necesidades de sus electores. Es el enlace entre los electores y el gobierno de la ciudad para contribuir al beneficio del público, no de los empresarios.
Mientras hacía campaña, Carollo tocó puertas y agasajó a los residentes con cakes (pasteles, tortas), lo cual le ganó simpatía y votos. En contraste, ahora no se le ha visto recorrer la zona para conversar con sus electores cuando estos afrontan una seria amenaza al cambio de su estilo de vida. El comisionado no contesta el teléfono ni responde correos electrónicos. Se niega a recibir a nadie argumentando que hacerlo lo comprometería ante los litigantes. Ni siquiera los jueces son tan inaccesibles.
Esta falta de transparencia de nuestros líderes alienta el descreimiento en los valores democráticos y propicia el abuso de poder. Curiosamente, el sector de la construcción o es el mayor productor de actos de corrupción en todo el mundo.
En su defensa, los residentes han apelado, como último recurso frente a la aparente sordera de los comisionados y la codicia de los empresarios, a Miami 21, que promueve ‘’el desarrollo de vecindarios seguros, vibrantes con orientación peatonal de los residentes”.
Nadie parece acordarse de Miami 21; nadie sabe con certeza si agoniza o hace ya tiempo que murió.
Periodista, exprofesor universitario
emilscj@gmail.com
www.sehablaespanolblog.wordpress.com
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de enero de 2016 11:54 AM.